Parecería que nuestras máximas autoridades no se están dando cuenta de las graves consecuencias del mecanismo que han decidido implementar para burlar las disposiciones constitucionales que prevén mayorías especiales para la aprobación de determinadas leyes  fundamentales.

A pesar del escándalo que provocaron con la aprobación por mayoría simple de la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), desoyendo los justificados reclamos de amplios sectores nacionales y de voces autorizadas de su propio partido; lejos de rectificar se han empecinado en continuar  las violaciones constitucionales para imponer sus caprichos como desconocer el límite de edad para ser miembro del Tribunal Constitucional. Mientras esto ocurre el principal partido de oposición se encuentra entrampado por la tozudez de algunos de sus dirigentes que se niegan a aceptar los resultados de su convención interna; precisamente porque nuestra fragilidad institucional hace que algunos se sientan por encima de todo.

Las actuales autoridades piensan que están por encima de la ley y que tienen derecho a violar la propia Constitución, con tal de alcanzar sus desmedidas apetencias políticas. Si se validara la  absurda y peligrosa interpretación de que la observación presidencial invalida el requisito de mayoría especial, todas las salvaguardas establecidas en la Constitución previendo esta mayoría  quedarían sepultadas.

Es el caso de las disposiciones del artículo 16 que exigen mayoría especial de 2/3 partes de los presentes para la reducción de los límites de las áreas protegidas y las del artículo 210 relativas a los referendos  que exigen la aprobación de la consulta popular mediante mayoría de 2/3 partes de los presentes en cada Cámara; lo que podría ser el  próximo  objetivo.

Esto demuestra que los avances siempre son vulnerables en una democracia incipiente como la nuestra, cuya Constitución ha sido y sigue siendo un pedazo de papel.

Si esto fue reprochable en la era de Balaguer lo es doblemente hoy día, luego de décadas de supuesta democracia, estando gobernados precisamente por aquellos que enarbolaban la posición opuesta y representaron en algún momento la esperanza de cambio.

La sociedad debe rebelarse ante el entierro de la institucionalidad  haciendo sentir a las autoridades que por poderosas que sean, necesitan escuchar los justos reclamos de los ciudadanos; exigiendo el  respeto a la Constitución.

El Congreso debería jugar su rol e impedir este atentado a la Constitución y manipulación del Tribunal Constitucional. Lamentablemente su penosa actuación en cuanto a la ley orgánica del CNM deja pocas esperanzas.

Detengamos el carro sin frenos de la ambición política que va en desbandada de reversa, haciendo que el  país, en vez de adelantar, marche para atrás; antes que haga pedazos nuestra débil institucionalidad y hunda al país en una grave crisis de consecuencias impredecibles.
Marisol Vicens Bello es abogada