Los dominicanos somos gente buena y alegre, pero a veces pecamos por no darles la debida importancia a ciertos asuntos para después lamentarnos. Esto podría estar sucediendo con la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, observada el pasado 24 de febrero por el Presidente, observaciones que fueron acogidas de urgencia por el Senado controlado mayoritariamente por éste.

Algunas de estas observaciones sólo responden al interés del Presidente de asegurarse un total control de las decisiones del Consejo, como la que pretende establecer un voto calificado al Presidente, para que en caso de empate éste sea decisivo, en adición a que sus decisiones sean tomadas por mayoría simple de los miembros presentes.

Establecer un voto calificado para dentro del seno del Consejo es totalmente contraproducente, no sólo porque en las circunstancias actuales, Fernández cuenta con al menos 4 de los 8 votos, sino también porque independientemente del número de votos con que cuente supondría una peligrosa supremacía del Poder Ejecutivo en dicho organismo.

Como sociedad no podemos permitir que nuestras instituciones y marco jurídico sean diseñados para atender  los intereses coyunturales de las autoridades de turno, que ni siquiera han aprendido que haciendo esto muchas veces no están más que “atajando para que otro enlace”; como fue el caso de Hipólito Mejía con la reforma constitucional en el 2002 que eliminó el nunca jamás y rehabilitó a Leonel Fernández como presidenciable, o el más reciente del pacto suscrito por Miguel Vargas para establecer en la Constitución vigente la posibilidad de reelección no consecutiva, que permitió a  Mejía repostularse y dará la oportunidad de hacerlo en el 2016 al Presidente Fernández.

Nuestro Consejo de la Magistratura está controlado por los poderes del Estado. Por esto la única garantía que podemos tener los ciudadanos de que las decisiones que salgan de su seno sean lo más democráticas posibles, es precisamente preservando la igualdad de  votos entre sus miembros.

Permitir que el voto del Presidente valga más que el de los representantes de los poderes legislativo y judicial en un país víctima del presidencialismo como éste, acarrearía la negativa consecuencia de que los organismos que deben ser pilares de nuestro Estado de Derecho como son la Suprema Corte y el recién creado Tribunal Constitucional, así como el nuevo Tribunal Superior Electoral, sean conformados atendiendo exclusivamente a conveniencias políticas y no a la idoneidad requerida.

La ciudadanía  que no tiene ningún voto de los 8 que existen en el Consejo debe estar muy atenta y alzar su voz, para que este desmedido apetito del voto calificado no la agarre asando batatas y se despierte un día con 3 órganos hechos a la medida de los intereses de turno.
Marisol Vicens Bello es abogada