Día a día suceden cosas que desaprobamos, que entendemos son violaciones a la ética o a la ley, pero que muy pocos denunciamos o criticamos públicamente; ya fuere por temor al conflicto, a la represalia o simplemente porque se entienda que no valdría de nada.

A fuerza de repetirse estos actos, sin que generen consecuencias de sanciones morales ni mucho menos judiciales, se ha ido creando una falsa percepción de admisibilidad.

Nos hemos acostumbrado a que los funcionarios manejen las instituciones como si fueran negocios unipersonales, en los que disponen de los recursos públicos como propios, sin cumplir criterios racionales ni rendir cuentas y en las cuales toman decisiones sin la debida transparencia ni socialización, a veces hasta en violación al marco legal y afectando negativamente a la nación.

Tanto se creen algunos funcionarios dueños y señores de sus instituciones, que llegan a creerse semidioses a quienes no se les puede cuestionar. Tal parece que piensan que su cuota de patriotismo por la entrega a su partido es tal, que son intocables y que nadie tiene la capacidad de exigirles cumplimiento de mandatos legales que se imponen a todos.

Llegan incluso al extremo de utilizar los recursos públicos  que manejan para publicar  costosos espacios pagados para auto defenderse o promocionar su persona y ejecutorias.  Su soberbia no les deja ver que estas acciones más bien fortalecen las denuncias que buscaban demeritar.

Por eso vale decir que no sólo hace daño al Estado un servidor deshonesto, sino también uno que por estar tan plagado de su honestidad, se cree por encima del bien y del mal.

Como sociedad debemos apoyar a los pocos periodistas que tienen la credibilidad para seguir haciendo un trabajo responsable. No todas las informaciones que manejen serán válidas, ni todas las denuncias justificadas; pero sólo podremos fortalecernos institucionalmente si los actores sociales y las instituciones juegan su papel.  Los funcionarios por su parte, tendrán que acostumbrarse a que como administradores de bienes ajenos están obligados a informar y rendir cuentas.

Pero también debemos exigir que haya consecuencias. No podemos admitir que nuestros gobernantes tengan la discrecionalidad de mantener indefinidamente en sus puestos a funcionarios que han dado muestras fehacientes de incompetencia o de violación a las leyes y la ética; quienes muchas veces provocan  daños que pueden tomar mucho tiempo y dinero reparar; sin que sean sancionados por ello.

Cuando se está en una posición de mando, las decisiones tienen que estar dictadas por lo que convenga al país no por sentimientos de amistad, compañerismo o familiaridad; mucho menos por  conveniencias políticas.

La sociedad que se hace ciega y sordomuda antes las malas actuaciones de sus autoridades, no sólo se convierte en cómplice de sus acciones; sino que se genera a sí misma un gran daño, al hacer de lo mal hecho una costumbre. 
Marisol Vicens Bello es abogada