Despedimos el año 2010 e iniciamos el nuevo año 2011 con discusiones políticas, lo que lamentablemente siempre desplaza temas de importancia para la nación.

Gran parte de la ciudadanía hastiada de este continuo debate político, ni siquiera se está dando cuenta de la trascendencia de los temas en cuestión; y es que en este  primer mes del año se podría estar definiendo el porvenir institucional del país con la selección de los miembros del Tribunal Constitucional y la renovación de la matrícula de la Suprema Corte de Justicia.

Recordemos que la reforma constitucional integral discutida a lo largo del 2009 y promulgada el 26 de enero del año 2010, luego de intensas discusiones dispuso la creación de un Tribunal Constitucional, estableciendo en sus disposiciones transitorias que dicho tribunal deberá integrarse dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigencia de la misma.

A tales fines debe ser convocado el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero desafortunadamente a apenas 15 días de que se cumpla el año de la entrada en vigencia de la nueva Constitución, no solo no ha sido convocado, sino que estamos inmersos en una gran discusión sobre la ley orgánica del Tribunal Constitucional; que más que un debate académico parecería una reacción a destiempo sobre las eventuales consecuencias de un órgano con tanto poder.

La ciudadanía que recién sale del bullicio de las fiestas navideñas, debe abrir muy bien los ojos para que no le impongan a la carrera un Tribunal Constitucional que por los próximos nueve años decidirá el devenir institucional del país, como órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y el orden constitucional, cuyas decisiones no sólo serán irrevocables, sino que constituirán precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del Estado.

Necesitaremos mucho más que la linterna de Diógenes, para encontrar 13 hombres y mujeres que reúnan, no las simples condiciones mínimas establecidas en la Constitución, sino las muy difíciles de ser personas con la moralidad, autonomía e integridad necesarias para asumir un rol tan delicado como el de poner un alto a acciones de las autoridades, incluyendo el propio Presidente, si consideran que violentan el orden constitucional. Se necesitará incluso mucho más que la valentía de aquellos 13 de la Fama que según cuentan decidieron seguir la expedición de la conquista del Perú.

Esperemos que las autoridades que fueron incapaces de decidir a tiempo la ley que regulará el Tribunal Constitucional,  no festinen una decisión tan relevante que requiere del consenso de todos los sectores nacionales que serán afectados de una forma u otra por las decisiones de este “súper poder” que tendrá bajo su égida la institucionalidad del país; y que podrá dividir su historia, como lo hizo aquella famosa raya trazada por el conquistador Pizarro.
Marisol Vicens Bello es abogada