El informe de la denominada Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana efectuado bajo la dirección de Jacques Attali, reputado economista y pensador francés, pone el dedo en la llaga sobre un aspecto que muchos veníamos denunciando ante los oídos sordos del liderazgo político nacional: la poca credibilidad del Estado dominicano.

Por eso, el mismo parte de la recomendación inicial de que resulta imprescindible la restauración de la credibilidad del Estado y de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, para que el Estado pueda pretender emprender nuevas reformas.

Esta falta de credibilidad en el Estado y en su capacidad para resolver los problemas nacionales, unida al clientelismo, ha hecho que los problemas de nuestra sociedad no tengan soluciones generales que beneficien a todos y que todo aquel que puede, intente buscar soluciones individuales, como es el caso de la electricidad.

La falta de credibilidad del Estado abarca también las estadísticas y cifras que el mismo publica, por eso para poder emprender cualquier discusión sobre la presión tributaria en nuestro país, deberíamos comenzar por rodear de mayor credibilidad los datos del crecimiento del PIB en la República Dominicana; cuya metodología de cálculo es muy cuestionada, particularmente en cuanto al alto porcentaje de participación del sector telecomunicaciones en el PIB de alrededor de un 20%, en contraste con el 5% de los demás países de América Latina.

De igual forma, para que resulte creíble el discurso del Gobierno de que necesita mayores niveles de ingresos tributarios para poder atender los problemas nacionales, éste debería comenzar  por aumentar  la confianza ciudadana en el gasto público, el cual justificadamente la población cuestiona  ante la falta de adecuados niveles de prioridad, transparencia y control; lo que se ha negado a aceptar el Gobierno.

A esto debe añadirse también la confusión y duplicidad de roles que existe en nuestro Estado ante una total ausencia de políticas estatales que tiendan a erradicarla.

En vez de tener presupuestos consolidados del Estado para solucionar los problemas del país, la cultura clientelista ha propiciado que cada funcionario público maneje fondos para dar soluciones individuales a los mismos, tratando de derivar un agradecimiento personalizado por una ayuda que se está dando con  recursos públicos que pertenecen a todos.

El informe  del  millón de dólares  publicado bajo la dirección de Attali, quedaría justificado si el Gobierno de una vez por todas hiciera conciencia de la necesidad de iniciar acciones para devolver la credibilidad y confianza ciudadana en el Estado y sus instituciones.

Pero mientras sus ejecutorias sigan concentradas en tratar de defender lo indefendible, no sólo seguirán erosionando su credibilidad sino que estaríamos corriendo el riesgo de no poder implementar reformas necesarias, ante la total falta de confianza en las mismas.  ¿No será esto lo que está pasando?
Marisol Vicens Bello es abogada