Nuestros líderes políticos se ufanan de las grandes conquistas que han realizado mediante el voto de abundantes legislaciones que tienen por propósito hacer más transparentes y democráticas nuestras instituciones.

La lista que cada gobierno exhibe con orgullo de leyes, convenios y decretos votados, en vez de servir para desincentivar la corrupción por el temor al castigo, simplemente ha servido para completar  listados de cumplimiento. Esta no sólo es la percepción local,  sino  la  internacional, como lo evidencian los vergonzosos lugares que ocupamos en los índices de medición mundial.

Los que apostamos por un Estado más eficiente y menos corrupto, luchamos por la aprobación de la Ley 446-06 de Compras y Contrataciones que obligaría a licitar a las instituciones públicas, la que sólo pudo lograrse por la exigencia de los Estados Unidos como requisito para el  DR-Cafta. Sin embargo, el antes y después de esta legislación no ha sido significativo. Igual sucede con las reformas efectuadas para fortalecer nuestra democracia. La separación de las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales, con dos años de diferencia fue un logro importante de la Constitución de 1994, que era reclamado desde hacía tiempo para evitar el arrastre y permitir a la ciudadanía, a medio término de un gobierno, expresar su conformidad o ejercer un voto de castigo.

Sin embargo, este sistema que funciona en muchas democracias del mundo, en este país fue satanizado, porque supuestamente provocaba que estuviésemos siempre en campaña. Tanto lo dijeron los políticos que la población lo percibió así y la nueva Constitución eliminó las elecciones de medio término, lo que constituyó un retroceso.

Lo mismo ha ocurrido con el voto preferencial. El espíritu del artículo 79 de la Ley Electoral, que prevé el voto por circunscripciones, es garantizar mayor representatividad de los funcionarios electos. Este importante empoderamiento de los ciudadanos que tenía que ser ampliado para evitar el arrastre  del senador por el diputado, fue derogado por la nueva JCE sin previa consulta, debido a las quejas de algunos políticos que denunciaron que este sistema los perjudicó, como si quisiera cumplir  a tiempo un compromiso asumido con los mismos que la eligieron.

Volveremos entonces a las antes desacreditadas listas cerradas de los partidos y, los que ayer se quejaron porque ganar la posición era cuestión de clientelismo, mañana se quejarán más cuando no consigan ser parte de esa lista cerrada u ocupar los primeros lugares que aseguren posiciones.

Mientras no eliminemos el mal de fondo que empieza por el poco respeto a la ley y la cada vez más creciente corrupción debido a la impunidad, ningún sistema, mecanismo o proceso que sirva en una verdadera democracia servirá en nuestro país, pues si los que hacen la ley hacen la trampa, todo se amaña y nada sirve.
Marisol Vicens Bello es abogada