ULa elección de los miembros de la JCE, la Cámara de Cuentas y la de los miembros del Tribunal Constitucional y Suprema Corte de Justicia (SCJ), que hará en su momento el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), reviste una importancia trascendental para nuestra democracia.

En momentos en que el partido oficial tiene una mayoría absoluta del Congreso se impone con mayor razón mesura en las decisiones para que estas instituciones no sean controladas por el Ejecutivo, sino que estén compuestas por personas con la solvencia  moral suficiente así como con la valentía para tomar decisiones independientes.

La percepción general es que a pesar del simulacro de transparencia que el Congreso ha querido dar a la selección de los miembros de la JCE y la Cámara de Cuentas, éstas responderán a decisiones negociadas, en total irrespeto de algunos ciudadanos con méritos que se atrevieron a participar en el proceso.

La selección del miembro del Senado distinto a su presidente para formar parte del CNM, confirma lo que se anticipaba, el Gobierno tendrá control de dicho órgano.

Este CNM deberá seleccionar los miembros de la SCJ, debiendo afortunadamente, según la nueva Constitución, venir la  parte de ellos de la carrera judicial.

También seleccionará los miembros de los tribunales Constitucional y  Electoral, quienes ejercerán sus mandatos por períodos de 6 y 9 años, respectivamente.

En consecuencia, en los próximos meses se decidirá el futuro de la institucionalidad del país, con la composición de organismos  que constituyen nuestro sistema judicial, electoral y de fiscalización del Estado.

Sin embargo, todo esto está aconteciendo ante una casi total ausencia de la sociedad civil ya que el partido gobernante, a pesar de que reclamó en el pasado la necesidad de esta participación y fue beneficiario de las bondades de la misma, ha cerrado su incidencia en aras de ejercer un control absoluto.

Lo que ha acontecido en países de la región debe alertarnos sobre la importancia que reviste para la institucionalidad democrática el que el gobernante de turno no controle todos estos organismos; sobre todo en momentos en que nuevamente el fantasma de la reelección amenaza.

Mientras en Colombia el tribunal constitucional fue capaz de frenar la búsqueda de un tercer mandato al ex presidente Álvaro Uribe, en Nicaragua Daniel Ortega acaba de obtener un fallo complaciente  que declara la inaplicabilidad “erga omnes”, esto es frente a todo el mundo, de la prohibición de la reelección consecutiva, ordenando al tribunal electoral la inscripción de su candidatura.

Nuestra  historia y la preocupante tendencia de manipulación constitucional que se ha desatado en nuestra región para asegurar la permanencia en el poder de algunos mandatarios, ordenan prudencia de las autoridades y vigilancia de los ciudadanos para que no pongamos en juego nuestra aún débil pero, indispensable democracia.
Marisol Vicens Bello es abogada