Pasado el primer semestre de laxitud consentida por el FMI, nuestras autoridades tienen serios problemas para enfrentar los retos de cumplimiento que plantea el acuerdo para el segundo semestre, luego de la fuerte expansión del gasto ocurrida.

Aunque todavía se desconoce el nuevo acuerdo, la última nota de prensa del FMI señala que “esfuerzos adicionales para fortalecer los ingresos del Gobierno, contener los subsidios al sector eléctrico, y moderar otros gastos serán implementados para alcanzar la consolidación fiscal y para mantener la demanda doméstica en una senda sostenible”.

Se anticipa que la magnitud de esos esfuerzos tendrá que ser colosal, porque a pesar de que en el primer semestre del año la economía creció por encima de lo previsto y la inflación fue ligeramente menor, el gasto fiscal corriente en vez de reducirse, aumentó en un 7.8%, y como el gasto de inversión subió un 113% el déficit fiscal se elevó a RD$32,434 millones, lo que representa el 3.7% del PIB, muy por encima del 2.4% previsto por el FMI para este año.  Debido al historial de nuestras autoridades, se teme que todo el esfuerzo  se coloque del lado del sector productivo y la población.

Lo  acontecido recientemente con la medida que dispuso el cobro del ITBIS en Aduanas en violación a la ley, subsanada en parte mediante los acuerdos de pago supuestamente voluntarios, dejó ver que nuevamente las autoridades son hábiles para promover que otros les saquen las castañas del fuego. Esto contrasta con los recientes cambios en la administración,  que  siguen aumentando el enorme número de ministros de Estado sin cartera, de cónsules y otros funcionarios.

A apenas semanas del vencimiento del plazo constitucional para presentación del presupuesto del 2011 al Congreso, esperamos  que las autoridades prioricen las asignaciones y que no se pongan montos discrecionales en violación a la ley orgánica de presupuesto nuevamente para cuadrar las cuentas, para luego tener  la excusa de que hay que buscar el dinero para que no se caiga el acuerdo con el FMI.

Y esta es precisamente la encrucijada en que los agentes económicos se encuentran, se requiere del mantenimiento del acuerdo con el FMI para garantizar la estabilidad macroeconómica, pero no pueden permitir que so pretexto de esto, se abuse desangrando sus  bolsillos y los de la población.

Por eso debemos exigir a las autoridades que antes de reducir  cualquier exención consentida como estímulo a los sectores productivos, se derogue la aberración legal  que permite a los legisladores importar cada dos años  vehículos exentos sin límite de valor ni capacidad;  lo que en este período excepcional  equivaldría a tres exoneraciones.

Estemos vigilantes  y exijamos  la debida austeridad y sacrificio del sector público, para que el dinero no siga saliendo de los mismos bolsillos.
Marisol Vicens Bello es abogada