La desafortunada decisión del Gobierno de cobrar el ITBIS en  Aduanas a las materias primas y otros insumos importados por industrias calificadas bajo la ley de Competitividad e Innovación Industrial, nuevamente pone en trance nuestra frágil institucionalidad y hace evidente el equivocado convencimiento de nuestras autoridades de que están por encima de la ley.

Una vez más en un año electoral el gobierno de turno se sirvió con la cuchara grande, gastando el presupuesto nacional para incidir en el resultado electoral.  Y como existen compromisos con el FMI que no podían ser cumplidos, se buscan desesperadamente fondos para cubrir el déficit provocado; pero no por la vía del sacrificio, reduciendo diversos renglones, como el elevadísimo gasto en propaganda y el injustificado número de funcionarios del servicio exterior  entre otros aspectos.

Como siempre la tentación ha sido echar mano a lo que se cree más fácil,  en esta ocasión se persigue asegurar un flujo de caja al Gobierno haciendo que se cobre el ITBIS no en la Dirección General de Impuestos Internos,  donde  corresponde tanto por la racionalidad del proceso productivo como por mandato de la nueva ley de Competitividad Industrial, sino en las Aduanas.

Esta acción es no solamente contraria a la ley sino totalmente contraproducente por diversas razones.

En primer lugar porque nada justifica que las autoridades pretendan buscar solución a un problema, violando una ley. Y en segundo lugar, porque la decisión, hoy tomada por la vía administrativa, aunque se intente legitimar posteriormente modificando la ley, seguiría siendo una desnaturalización del objetivo fundamental de dicha ley, que apenas empieza a implementarse y que pondría en entredicho la razón de ser de toda una estructura destinada a promover la competitividad industrial: Proindustria.

Este hecho no puede ser analizado aisladamente, con una visión corta de que esto sólo afecta a un sector particular, pues en realidad nos perjudica a todos.  Para toda la sociedad debe ser motivo de gran preocupación lo sucedido, pues explica el porqué de nuestra debilidad institucional y falta de competitividad.

A las sociedades les pasa lo que a las familias, si toleran que uno de sus miembros no cumpla las reglas, que actúe egoístamente sin medir las consecuencias y luego le permite buscar una solución a su problema traspasándole la carga del mismo a otros, se crea un peligroso círculo vicioso en el que todos perdemos.

Por eso debemos estar con los ojos bien abiertos para no permitir que las autoridades sigan pensando que pueden violar la ley cuando así lo deseen o vulnerar la seguridad jurídica reformando a su antojo lo que demoró años en conseguirse. Ojalá que las autoridades entiendan que no deben deshacer con los pies, lo que con mucho esfuerzo se logró que hicieran con las manos.  
Marisol Vicens Bello es abogada