Para aquellos que aspiramos a vivir en un verdadero Estado de Derecho es motivo de gran preocupación la interminable cadena de violaciones a la ley por los propios funcionarios que están obligados a cumplirla y hacerla cumplir. Lo peor de todo es que a fuerza de tanto hacerlo sin que haya consecuencias se ha vuelto  tan común,  que  algunos hasta osan justificarlo.

El prontuario de violaciones es inmenso, incluso de reformas recientes, muchas de las cuales significaron años de discusión para ser votadas.

En  general estas violaciones se han dado porque el poder político así lo ha querido, precisamente para seguir manejando asuntos de manera discrecional, disponiendo de recursos que deberían estar destinados a otros fines u operando instituciones que ya no tienen ninguna razón de ser, salvo alimentar el clientelismo.

Sin embargo, causa mucho revuelo entre las autoridades cuando obtenemos resultados negativos en las mediciones o índices globales en aspectos tan importantes como la competitividad del país, pues al parecer no tienen  conciencia del impacto tan negativo que tiene sobre el clima de negocios y el nivel de seguridad jurídica percibido por los inversionistas, el hecho de que existan leyes  que no se cumplen o que se dicten decisiones administrativas en violación a la ley.

Si a esto adicionamos la profusa cantidad de leyes que aprobamos, es cada vez más frecuente que cuando un inversionista, sea local o extranjero, consulte sobre determinado procedimiento legal; haya que hacer malabares y recurrir a una especie de  trabalenguas para explicar que según la ley esto debería hacerse de tal forma, lo que no se cumple en la práctica, pero que si se viola existe el riesgo de que luego un tercero pudiera invalidar la operación, aunque el propio Estado haya sido parte de la misma, o haya decidido  que se operara al margen de la propia ley.

Lo peor es que los gobiernos aunque tengan mayoría congresual, como es el caso actualmente, prefieren mantener el estado de incumplimiento con la ley, sin siquiera contemplar subsanar las múltiples violaciones con modificaciones legislativas.

Es como si se entendiera que la ley no es un mandato obligatorio sino una meta a alcanzar, cuando la autoridad entienda que así sea conveniente, posible o realizable sin costo político alguno.

Ahora tenemos una nueva Constitución con un ambicioso catálogo de derechos fundamentales, que en el papel nos hacen los ciudadanos más protegidos pero en la práctica podrían  dar pie a un mero aumento de las denuncias de violaciones, que ahora adquirirían rango constitucional.

Hagamos un alto para no continuar por el camino de la banalización de la ilegalidad, pues si seguimos permitiendo que la autoridad viole la ley impunemente, el Estado de Derecho podría perder su propia esencia.
Marisol Vicens Bello es abogada