Nuevamente las autoridades gastaron más de la cuenta generando un desequilibrio de nuestras finanzas públicas e intentan buscar equilibrarlo apelando a los mismos métodos de cargar más a la población, en lugar de producir los recortes necesarios al gasto público.

Aunque la carta de intención suscrita el año pasado con el FMI anunciaba una reforma fiscal disfrazada de modificación a la ley 112-00 de Hidrocarburos y la eliminación de exenciones tributarias a sectores productivos; no fue hasta después de la costosa campaña electoral que el rumor público ha dado cuenta de que con gran hermetismo se avanzaba en la presentación de un proyecto de ley, que afanosamente el Ministerio de Hacienda quiere hacernos creer que no significa creación de impuestos.

Por más vueltas que quiera dársele cuando se elimina una exención tributaria, como es el caso de distintos combustibles utilizados en la producción, se está creando un impuesto, ya que lo que paga cero pasaría a estar gravado. 

Que nadie se deje llevar de la manipulación que pretende presentar estas intenciones como la eliminación de privilegios a sectores empresariales, puesto que esas exenciones tienen como objetivo mitigar los problemas de competitividad generados en parte por el deficiente sistema eléctrico y en caso de que se eliminen gravándose con determinados impuestos, éstos afectarán no al sector de que se trate sino a la población en su conjunto, ya que por una parte estos impuestos se traspasarán al costo de bienes y servicios y, de la otra, restarán oportunidades de creación de necesarios empleos productivos así como reducirán la actividad económica.

Lo que sucede es que las autoridades cada vez gastan más, son menos controladas y hay mayor corrupción según la percepción ciudadana medida en todas las encuestas, y le han tomado el gusto a los impuestos a los combustibles sin medir su negativo impacto en  la industria,  la construcción,  el turismo, la agroindustria y la población en general.

Aunque se alega que las entidades públicas darán el ejemplo, pues a éstas se les eliminaría las exoneraciones de que gozan a excepción de educación y salud pública, del dicho al hecho habrá que ver qué porcentaje de lo que se pretende recaudar esto significaría así como demostrar su  cumplimiento; puesto que en todas las reformas fiscales efectuadas en el pasado reciente los compromisos estatales quedaron en el olvido y la carga se ha seguido aumentando sobre los hombros de la población que a final de cuentas es la que sufre las consecuencias  de los aumentos de impuestos sin siquiera recibir mejores servicios.

Por eso decimos que los mismos de siempre seguiremos pagando los platos rotos de las autoridades si permitimos que les siga siendo fácil coger los mangos bajitos.
Marisol Vicens Bello es abogada