El presidente Fernández en ocasión de su visita a Alemania, ha expresado que la República Dominicana se debate entre “una mayor inversión pública y la austeridad total”, señalando que aboga por un equilibrio entre ambas tendencias.

Precisamente existen puntos de vista opuestos entre el gobierno de  Angela Merkel, que propugna por una severa austeridad y la posición del presidente de los Estados Unidos Barack Obama, de que los países deben flexibilizar las políticas fiscales para continuar estimulando  la reactivación económica.

El encuentro dominico-germano debería servir al menos para que nuestro gobierno asimile la visión  de la cuarta economía mundial, que ha emprendido un plan de austeridad cuyo objetivo es corregir el déficit estructural de Alemania y lograr que para el 2013 ese país respete los límites de endeudamiento de la UE, que impiden déficits presupuestarios superiores al 3% del PIB. A fines de comparación, nuestra deuda pública representa un 40% del PIB.

Según expresiones de Merkel, con este plan “Alemania tiene la oportunidad de dar un buen ejemplo a seguir”. Si nuestras autoridades quisieran seguir este ejemplo tienen grandes oportunidades, puesto que  no cabe duda de que tenemos  espacio para recortes y racionalidad del gasto, incluso sin afectar los servicios que tiene que proveer el Estado.

Pero para esto se requiere de responsabilidad y voluntad para luchar contra la concepción de que el Estado es el botín de compañeros de partido, amigos y aliados, al que se va a enriquecerse, estableciendo vergonzosos sobreprecios de hasta 35% en cada contrato; nóminas supernumerarias plagadas de parásitos, las cuales agotan los presupuestos sin dejar espacio para inversiones; contratos publicitarios no sometidos a licitación que esconden jugosas comisiones y se utilizan para promociones personales.

Nuestro Presidente proclama orgullosamente que la República Dominicana tiene una economía sana, sin embargo hay  dudas sobre esa supuesta sanidad.

Entre otras razones por la falta de transparencia y credibilidad en las informaciones públicas, por la corrupción  que desangra el erario y castra el desarrollo, así como por la falta de voluntad de acometer las acciones necesarias para cambiar un  modelo económico insostenible, que si bien ha permitido niveles de crecimiento, no ha fomentado el desarrollo de una economía exportadora, la promoción de empleos productivos, la mejoría de nuestro sistema educativo y capacidad para competir, ni la reducción del déficit público.

Ojalá que la racionalidad teutónica sacuda a nuestro gobierno, para que no sigamos exhibiendo la asombrosa paradoja de que mientras no hay dinero para educación u otros servicios esenciales y el gobierno rastrea  desesperadamente  nuevas fuentes tributarias, nuestros funcionarios viven con gran oropel y promueven con vergonzosa anticipación sus candidaturas presidenciales con el dinero de no se sabe quién. 
Marisol Vicens Bello es abogada