El recorte presupuestario recién decidido en el Consejo de Gobierno para poder hacer frente al monto real del subsidio eléctrico, no es más que el resultado de una errada planificación del presupuesto en general,  motivada por una perniciosa tendencia de muchos funcionarios a tratar de ajustar las cifras de un plumazo con tal de que cuadren.

Cuando se discutió el acuerdo con el FMI a fines del año pasado se hizo pública la contradicción entre el monto estimado para el subsidio por la CDEEE y el que algunos funcionarios  proponían.

Todo aquel que conoce  la penosa historia del sector eléctrico dominicano sabía que siendo 2010 un año electoral y con el combustible de generación  a un precio promedio de  US$71, similar al que hubo en el 2008, año en el cual el subsidio alcanzó la cifra astronómica de  US$1,175 millones; era imposible que se redujera el subsidio a US$364 millones, si en el 2009 con precio promedio de US$55 había sido de casi el doble.

Si no se hubiera establecido en el acuerdo con el FMI una cifra inalcanzable, el problema de ajuste presupuestario no lo hubiésemos tenido a mitad de año para obligar a un recorte atropellado de los presupuestos de los ministerios que ya estaban siendo incumplidos, sino al momento de discutir la ley de presupuesto; lo que habría impuesto mayor racionalidad  en el gasto.

Lo que está sucediendo con el subsidio es consecuencia de una  mala práctica de muchos funcionarios de intentar tapar realidades o minimizar situaciones con un exceso de optimismo, como si de repente lo que el país no ha podido hacer en  décadas lo va a lograr en un año.

Eso acontece incluso con muchas legislaciones, normas y convenios que adoptamos haciendo abstracción de las circunstancias que nos rodean.

El subsidio eléctrico es odioso y distorsionante. Hemos empleado en éste miles de millones de dólares que pudimos haber destinado a educación y salud; pero no va a  desaparecer por un mero deseo, sino con acciones que requieren esfuerzo, sacrificio y responsabilidad.

Muchos quisiéramos que no existiera o que fuera infinitamente inferior, pero  por la  politización del tema ningún gobierno ha querido hacer lo necesario para ello, ni tampoco la ciudadanía ha entendido que lo que no paga en electricidad no es ningún ahorro, sino más bien una condena.

Al final la realidad se impuso y como en este caso el acuerdo del FMI nos obliga a no financiar el pago del subsidio, lo que  seguramente harán con otros rubros; el ajuste presupuestario que  se negaron  a realizar cuando correspondía, tuvo que hacerse  ahora  para poder asumir  la misma cifra que se había anunciado y que se negaron a aceptar.  
Marisol Vicens Bello es abogada