El gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha tenido que  afrontar la responsabilidad política de dictar un decreto de ley de reforma laboral para abaratar el despido y poder así mitigar la grave crisis económica de España que ha significado la pérdida de millares de puestos de trabajo.

Este ha sido un largo proceso que se definió  casi “in extremis” ante la incapacidad de algunos sectores de comprender que no podría haber recuperación de empleos ni salida de la crisis sin una flexibilización de la normativa laboral que permitiera a las empresas en dificultades sortear sus efectos.

La presión de una próxima reunión del Consejo de la Unión Europea, agravada con el estallido de las crisis en Grecia y Hungría, salpicadas de denuncias de falsas cuentas, manejos dudosos y grandes hoyos financieros; forzó al gobierno de Rodríguez Zapatero a asumir las difíciles pero necesarias medidas, que le han valido incluso el respaldo del propio presidente Obama.

En otra latitud, el recién electo presidente de Colombia Juan Manuel Santos  asegura que tendrá como una de sus prioridades atacar la economía informal de alrededor del 57% de la población activa.

Sin embargo en nuestro país con una tasa de desempleo superior a la colombiana y cifras similares en cuanto al mercado informal de trabajo, en el cual hay cero protección de derechos laborales y ausencia de  seguridad social, no se ha logrado una real toma de conciencia sobre la necesidad de practicar medidas que detengan la continua tendencia hacia la informalidad de nuestro mercado laboral y que promuevan eficazmente la creación de más y mejores empleos productivos.

Si situaciones tan graves como éstas se han producido en el viejo mundo, en países miembros de la  Unión Europea y dentro de la famosa zona del euro, qué no podría estar sucediendo en otras regiones donde la institucionalidad, la transparencia y el contrapeso son tan débiles como fuertes son la politiquería y el clientelismo.

Esperemos que lo que está aconteciendo en el mundo, entre déficits públicos y medidas urgentes para rescatar mercados laborales en crisis, no pase desapercibido en nuestro país, que  sigue repitiendo la misma historia de que en un año electoral como el presente el presupuesto se consume en el primer semestre y el segundo se vive entre apagones, intentos fallidos de eliminación de subsidios, transferencias presupuestarias  para quemar combustible, nuevos préstamos y el temor al fantasma de reformas tributarias para paliar el déficit ante la indolente negación de las autoridades a recortar sus astronómicos gastos así como a asumir reformas responsables que determinen un cambio de ruta. ¿Y a eso es que se le llama progreso?  
Marisol Vicens Bello es abogada