En el debate previo a la aprobación de la nueva Constitución uno de los aspectos que algunos cuestionamos fue  precisamente el de que no era necesario constituir un tribunal electoral especial que existiera de forma permanente, lo que significa naturalmente importantes gastos.

Dado que se celebrarían elecciones de manera separada pero en un mismo año cada cuatrienio, se propuso  habilitar jueces de tribunales ordinarios para que resolvieran los conflictos electorales surgidos en cada proceso, tanto los pre como post elecciones.

Sin embargo, esa propuesta no prosperó y se creó un nuevo  Tribunal Superior Electoral, que estará integrado por no menos de tres y no más de cinco jueces electorales designados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Aunque la Constitución no lo señala expresamente, la nueva Junta Central Electoral (JCE) que sea electa por el Senado que se instaurará en agosto próximo,  no tendrá la división en dos cámaras que tenemos actualmente ya que estará integrada por un presidente y cuatro miembros, más sus suplentes. El número de jueces sugiere que de los 9 actuales, 5 estarían en la JCE y cuatro en el referido tribunal electoral.

Como se demostró en el recién pasado proceso electoral, los reclamos de los candidatos previos al día de las elecciones tienen mayores probabilidades de solución, tal cual sucedió con los múltiples casos decididos por la Cámara Contenciosa ordenando a partidos políticos hacer recomposiciones en sus boletas electorales para ajustarse a las disposiciones legales.

Sin embargo, queda por determinar cuál será la suerte de los muchos recursos incoados por candidatos perdidosos, incluso del partido oficial, que históricamente han tenido poco éxito. Al examinar nuestra historia electoral en las décadas recientes en que hemos celebrado elecciones libres, los alegatos de fraude siempre han estado presentes.

Aunque ha habido avances indiscutibles en la organización de los comicios, comenzando por un padrón electoral más confiable, así como en la actuación misma del máximo organismo electoral; no se han podido despejar las dudas acerca de la capacidad de influir en los resultados electorales que tiene el partido gobernante.

Algunas de las denuncias de fraude que se hicieron en pasados procesos electorales tienen un elemento común con las actuales, que el fraude no se trata simplemente de adulterar actas, desaparecer urnas o intervenir colegios electorales, sino también de influir indirectamente en el resultado de los procesos.

Lo que sucede en nuestro país y otros de la región, es que “papeleta mata a menudo”; por lo que el que controla el dinero muchas veces controla también el resultado. Y esto no lo resolverá la constitución del Tribunal Superior Electoral.

Los ciudadanos y los partidos políticos que deseen hacer la diferencia deberán emplearse a fondo para  desmontar la cultura de que la participación democrática sea un mercado de dinero alimentado por el clientelismo.  En Colombia, por ejemplo, se ha hecho famosa en las presentes elecciones la frase de campaña  que expresa que “yo vine porque quise, no porque me pagaron”.  Ojalá que podamos lograr  que la gente entienda la importancia de su voto y de expresar lo que realmente se quiere y no lo que otro paga porque se quiera. 
Marisol Vicens Bello es abogada