No es la primera vez que ocurre, se ha convertido en una mala práctica cada vez que se celebran elecciones. Se trata de declarar feriado mediante decreto el día antes y el día después de las elecciones, como si no fuera suficiente que  el día de las elecciones sea feriado, contrario a lo que ocurre en muchos países.

La justificación dada es que hay que proveer todo tipo de facilidades para garantizar que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto basados en la teoría de que muchos, aunque residen en otro lugar desde hace años, mantienen su domicilio legal en el lugar de su nacimiento.

Sin embargo, desde el punto de vista legal no parece haber justificación a esta práctica, puesto que el artículo 128 de la Constitución que se invoca como asidero legal en el decreto 264-10 que declaró no laborable desde el sábado 15 al lunes 17 al mediodía, no concede esta facultad al Presidente, debiendo ser atribución exclusiva del Congreso, órgano facultado a declarar por ley los días festivos.

Llama la atención que siendo posible determinar a la vista del documento de identidad quiénes votan en el interior, se disponga mediante decreto una disposición de carácter general que beneficia a todos, independientemente de que tengan que trasladarse para votar, interrumpiendo así el normal desenvolvimiento de las actividades económicas y educativas.

Esto constituye un alto costo para el sector productivo que se ve obligado a parar labores o a aumentar en un 100% el pago ordinario a sus trabajadores, aunque de conformidad con la ley laboral esto debe ocurrir en los días declarados no laborables por la Constitución o las leyes, sin mencionar decretos.

Las autoridades ni siquiera se toman el tiempo de razonar la decisión y se contentan con seguir repitiendo malas prácticas anteriores, pues lo que haría sentido  es que el documento de identidad de una persona refleje sus datos reales como la indicación del lugar donde tiene su domicilio principal; lo que reviste gran importancia ante el deterioro de la situación de seguridad en el país de forma que  autoridades y terceros  puedan disponer de información veraz.

Continuamente nuestras autoridades presumen de madurez por los avances logrados en nuestros procesos electorales, sin embargo no se puede hablar de madurez mientras estos procesos interrumpan de manera tan significativa todas las actividades del país. Nuestros líderes deben entender la misión que les corresponde de educar con el ejemplo.

De nada vale que se gaste tiempo y recursos en promover la competitividad del país o en hacer más moderno nuestro Estado con una nueva Constitución, si seguimos apegados a malas prácticas que desnudan nuestra debilidad institucional y corta visión.

Debemos dejar de dar el mensaje incorrecto de que en nuestro país más que procesos democráticos vivimos fiestas electorales que sólo sirven de caldo de cultivo para el ocio, el consumo de alcohol y el aumento de la violencia; propiciando que todos los ciudadanos declaren su domicilio real en su documento de identidad y hagan los cambios cuando así corresponda, estimulando el trabajo y el estudio como ejes fundamentales del progreso y por ende, rompiendo con la mala e injustificada práctica de establecer por decreto días no laborales por la celebración de elecciones. 
Marisol Vicens Bello es abogada