Mucha gente no entiende por qué nuestro país es tan caro, otros ni siquiera quieren preguntárselo. Existen múltiples razones, pero sin lugar a dudas una de las  principales es el enorme costo de la corrupción así como del  excesivo y mal enfocado gasto público.

Todo el mundo aspira legítimamente a mejores condiciones de vida y generalmente se debate por qué no se tienen mejores salarios en nuestro país, lo que  todos quisiéramos.

Sin embargo, parecería que el problema no radica exclusivamente ahí, pues cuando se realizan comparaciones nuestros salarios encabezan la lista de los países centroamericanos incluyendo a Panamá, la gran diferencia es el valor adquisitivo de este salario, que en esos países es superior al nuestro.

También debemos preguntarnos por qué los países de la región pueden no sólo aventajarnos en el intercambio comercial sino también en la mayoría de los índices mundiales de medición en educación, salud, competitividad y calificación de riesgo país, salvo el caso de Nicaragua y Honduras. Esto quiere decir que algo estamos haciendo mal que otros similares a nosotros están haciendo, si no bien, al menos mejor.

El gasto público es un buen elemento para analizar.

El nivel de gastos y privilegios de muchos funcionarios públicos en nuestro país, es muy superior al de presidentes no sólo de países centroamericanos como es el caso de Costa Rica, cuya frugalidad en el gasto contrasta de forma irritante con el boato del Estado dominicano, sino hasta de los países más ricos del mundo.

Hemos pasado del  estilo austero  de las administraciones balagueristas, que algunos justificaban las mordidas y otras formas de corrupción, a un régimen no sólo de salarios altos, lo que  está bien si con eso se logra idoneidad y eficiencia, sino de tarjetas corporativas utilizadas sin control, pago de altas dietas, asignaciones de vehículos de lujo y alto consumo, guardaespaldas y choferes.

Y llegamos  al extremo en el caso de los legisladores, a quienes además les otorgan exoneraciones para adquirir un vehículo sin límite de precio o cilindraje cada 2 años,  les asignan fondos para asistencia social y les conceden jugosas pensiones fuera del Sistema  de Seguridad Social.

La celebración de la Feria del Libro es un vivo ejemplo de cómo derrochamos el dinero.  La mayoría  de los pabellones en la misma son de entidades gubernamentales que nada tienen que ver con la cultura en los que se gastan sumas millonarias en instalaciones de primera provistas de aire acondicionado y recursos audiovisuales.  Sin embargo, si comparamos el gasto  versus el aprovechamiento obtenido para mejorar los índices de lectura, conocimiento y cultura de nuestros estudiantes, llegaremos forzosamente a la conclusión de que valdría mucho más la pena invertir esos fondos en tener mejores museos o en dotar de bibliotecas  nuestras escuelas, donde éstos puedan ir  a aprender.

Mientras no pongamos el dedo en la llaga controlando el gasto público no sólo por su cuantía sino por su mal y poco transparente uso, así como mientras no castiguemos la corrupción seguiremos teniendo un país caro, casi incosteable para un alto porcentaje de la población así como  ocupando lamentables lugares en educación, salud y  competitividad. Definitivamente que ese no es el progreso.
Marisol Vicens Bello es abogada