Durante años el sector empresarial y la sociedad civil han reclamado al liderazgo político nacional la adopción de un plan país. Inclusive, en varias oportunidades se firmaron fallidas declaraciones de compromiso de los representantes de los partidos políticos de asumir una agenda nacional de desarrollo.

La Ley No.498-06 de Planificación e Inversión Pública y su Reglamento, dispusieron  la elaboración de una Estrategia de Desarrollo que definiera objetivos para resolver los problemas prioritarios y  estableciera las líneas centrales de acción e instrumentos de seguimiento a los fines. Esta Estrategia, según el Reglamento, debía ser presentada al Congreso a más tardar en junio del 2009, lo que no se hizo.

La nueva Constitución incorporó en su articulado la necesidad de someter al Congreso la Estrategia de Desarrollo y el Plan Nacional Plurianual del sector público disponiendo, expresamente, que dicha Estrategia deberá ser sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso, previa consulta al Consejo Económico y Social así como a los partidos políticos (art.241).

Como los partidos están dedicados a la promoción de candidaturas, la propuesta de Estrategia de Desarrollo está totalmente ausente del debate nacional, en medio de una campaña que  luce carente de propuestas y contenido.

Esa Estrategia de Desarrollo que definiría la visión país 2010-2030 debería, sin embargo, estar siendo revisada, discutida y debatida por el liderazgo político, tal cual lo están haciendo los sectores sociales representados en el Consejo Económico y Social.

Si queremos que la misma no sea un simple ejercicio retórico, debemos hacer ahora lo necesario  por incluir qué queremos como país lograr para el año 2030, cómo lo alcanzaremos y  garantizaremos que los objetivos consensuados sean respetados.

Esta sería la oportunidad  para que la sempiterna crisis del sector eléctrico se encamine por la vía de la búsqueda de soluciones definitivas de corto, mediano y largo plazo, que eviten los grandes errores cometidos en el pasado mediante la firma de un pacto político. También para definir cuáles son las prioridades del país y cómo éstas se deben reflejar en el proyecto de ley de presupuesto y gastos públicos correspondiente a cada año, así como en el nuevo plan plurianual del sector público, pues, de lo contrario, las disposiciones de la Estrategia serían puros postulados.

Se ha anunciado  que esta Estrategia de Desarrollo sería sometida por el Poder Ejecutivo el 16 de agosto próximo ante el nuevo Congreso que resultaría luego de las elecciones.  Si los partidos políticos no abren los ojos y reclaman su participación como ordena la propia Constitución, será poco lo que podrían hacer después frente a la mayoría congresual que exista.

Discutamos esta Estrategia y exijamos que se cumpla con el mandato constitucional de consulta, para que no perdamos la oportunidad de incidir en la definición de la visión de país que queremos, que si bien no garantizaría soluciones a todos nuestros males, podría ser un buen plan de ruta para enrumbarnos por la vía del desarrollo institucional, económico y social. De lo contrario, correríamos el riesgo de dejarle la cancha abierta a las autoridades para, so pretexto de la eventual Estrategia, votar las reformas que quieran.
Marisol Vicens Bello  es abogada