En países como el nuestro con  gran debilidad institucional se tiende a creer que con la aprobación de una ley que castigue más fuertemente cualquier hecho delictivo o sancione inconductas, las situaciones van a desaparecer sin darse cuenta de que la capacidad de votar leyes, muchas veces es directamente proporcional al poco respeto de las mismas.

Llama la atención que en algunas culturas, como la nuestra, no se conceda mucho valor a la palabra dada ya sea oral o escrita, por lo que requerimos de múltiples legalizaciones y sellos para otorgar veracidad a cualquier documento. En otras culturas, como la anglosajona, se da fe a las declaraciones  de las personas sin requerir los formalismos usados por nosotros, pero al mismo tiempo  se considera una gran ofensa el perjurio, y se castiga severamente, lo que disuade a muchos. En ocasión de cada campaña electoral llueven las denuncias sobre uso y abuso de recursos del Estado, lo que algunos aspiran se resuelva definitivamente con el voto de una nueva ley, en este caso la de partidos políticos.  Sin embargo, de no cambiar lo esencial que es la convicción sobre lo que genera una competencia desleal y el temor a la sanción, ninguna ley podrá abarcar todas las formas que puede adoptar el aprovechamiento de recursos oficiales para propósitos electoreros.

En la presente campaña han surgido algunos elementos nuevos como la solicitud de la oposición de que los legisladores no hagan uso del fondo asistencial  conocido como “Barrilito”. Aunque los legisladores oficialistas finalmente declararon que no harían uso del mismo durante el resto de la campaña, sería lógico inferir que eso no necesariamente significa que estos fondos no serán utilizados para fines proselitistas, pues bastaría que en vez de  pagos al contado los hagan a cuenta de estos montos fijos que manejan sin ningún control.

Otro es el uso de unidades móviles de los comedores económicos, que es lo mismo que el uso de vehículos de funcionarios y organismos estatales, pero que de tanto hacerse ha terminado siendo  tolerado. En medio de una carrera electoral cualquier cosa puede ser utilizada con propósitos promocionales, algunas tan burdas como el uso de medios de comunicación bajo control estatal para promover candidaturas de sus propios directores; otras mucho más sutiles como el anuncio de un acuerdo salarial con un gremio profesional que lleva años empantanado o la oportuna publicación en todos los medios de estadísticas que demuestran la eficiencia de la gestión económica del Gobierno.

Por eso es tan importante que las campañas se centren en discusiones de ideas, planes y programas, pues, aunque debemos luchar por controlarlo y sancionarlo, nunca vamos a poder impedir las mil formas de hacer campaña mediante el uso de los recursos del Estado.  Por eso, la mejor respuesta a las múltiples facetas del abuso de los recursos en las campañas es exigir a los candidatos planteamientos concretos y contrastarlos con los de sus rivales. Quizás por esto el partido oficial huyó al debate electoral que con tanta persistencia Anje ha venido organizando para fomentar una nueva cultura electoral.  Es muy fácil promover unilateralmente promesas y obras, sobre todo si se cuenta con recursos, más difícil es someterlo al escrutinio público.
Marisol Vicens Bello es abogada