La  venta de las acciones privadas de Refidomsa más que una operación comercial parece una novela en la que el protagonista pone a sufrir a la teleaudiencia con sus caprichos y veleidades.

Aunque alguna  gente ha querido ponerse una venda en los ojos por la ventaja que ha significado para nuestro  gobierno  el Acuerdo de Petrocaribe o porque su afiliación política de izquierda así le obliga; era de esperar que cualquier negociación con el Comandante Chávez estaría marcada por su temperamento irascible y nos colocaría en una difícil situación como su socio, pues aunque tuviéramos una leve mayoría porcentual está claro que Venezuela tendría la última palabra en esta relación con el nivel de endeudamiento que tenemos frente a esta y la dependencia en la adquisición de petróleo.

Parece un absurdo que un país que sufre día a día las consecuencias del colapso del sector eléctrico por culpa de la politiquería, haya decidido manejar el tema complementario de los hidrocarburos fuera de la racionalidad económica.

Si a alguien le quedaba alguna duda de que tener a Venezuela como socio era estar a la merced del temperamental comandante Chávez, en los meses transcurridos desde la noticia de la posible venta de las acciones a Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha quedado demostrado que esto es una verdad indiscutible.

Nadie sabe qué determinó el nuevo cambio de actitud del gobierno venezolano, pero lo que sí se sabe es que sus acciones populistas han sumido a su país en una grave crisis, entre otras cosas energética y la imagen del mismo está cada vez más deteriorada a nivel internacional ya que sus atropellos a la libertad de expresión y sindical así como al derecho de propiedad están siendo objeto de rechazo por organismos internacionales como es el caso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que recientemente consideró graves las violaciones a los derechos fundamentales  en ese país y repudió las persecuciones de líderes empresariales y sindicales.

El tiempo transcurrido ha situado la operación de venta bajo un nuevo marco legal.   Probablemente por el reclamo de algunos que insistimos en la necesidad de que se protegiera igualitariamente la propiedad mobiliaria e inmobiliaria del Estado la nueva Constitución en su artículo 128, numeral 2, literal d) sujeta a aprobación congresional los contratos celebrados por el Poder Ejecutivo que enajenen bienes del Estado, cuando superen el monto de  200 salarios mínimos del sector público. Si bien lo más probable sea que la mayoría de que goza el partido oficial apruebe el contrato que tenga a bien someter el Presidente,  sin hacer un real análisis sobre su conveniencia, al menos esto obligará a hacer público el contrato dando así  algo de transparencia a una operación que se ha caracterizado por todo lo contrario y hará corresponsables de esta decisión a los legisladores.

La bipolaridad que ha caracterizado las negociaciones de la venta de las acciones a PDVSA es un presagio de lo que podría ser la suerte de esta sociedad  de los gobiernos dominicano y venezolano. Los Congresistas por mandato de la nueva Constitución tendrán la última palabra al aprobar o rechazar dicho contrato pues no tienen facultades de modificación. Que no quieran luego  lavarse las manos si las cosas no salen bien. 
Marisol Vicens Bello es abogada