La actividad política en nuestro país es cada vez más un mercado donde se compran y se venden posiciones a conveniencia de cada uno de sus actores.

Si bien desde el inicio de nuestra historia republicana ha primado el concepto de que el Estado es una vaca de cuyas ubres deben amamantarse los funcionarios públicos y el ejercicio de la política ha constituido el factor primordial de ascenso social, la situación hoy día es peor a pesar de las supuestas mejorías en el ámbito democrático.

Y es que la mayoría de las medidas tomadas para fortalecer nuestra democracia no han logrado estos propósitos y muchas de ellas han sido  totalmente desnaturalizadas, como el financiamiento público a los partidos. La creación de organismos técnicos con manejo independiente de presupuestos y altas remuneraciones para sus funcionarios, el aumento de los salarios y beneficios de muchos funcionarios no ha servido para despolitizar la toma de decisiones ni para evitar actos de corrupción. La asignación de mayores presupuestos a determinadas entidades, como el Congreso, tampoco ha garantizado un mayor cumplimiento de su rol como órgano de contrapeso ni mayor independencia del Poder Ejecutivo, por el contrario, en muchos casos sólo ha servido para el enquistamiento de personajes que gracias al poder económico que aseguran los altos presupuestos como el “barrilito”, confunden su labor legislativa con asistencia social, para a golpe de clientelismo permanecer en el cargo o lograr un ascenso.

Nuestra democracia cuesta hoy mucho más pero no exhibe grandes mejorías. Ni el cambio generacional ni el de ideologías políticas han marcado gran diferencia, puesto que ha quedado demostrado que da lo mismo tener un presidente nonagenario y de derecha, que uno joven y de centro izquierda, ya que el modelo clientelista se mantiene, no porque no pueda ser transformado sino por falta de voluntad de hacerlo.  Lo que sí ha cambiado en nuestro país es la capacidad de generar ingresos tributarios, a pesar de la grosera desproporción entre lo que se tributa y lo que se recibe como contraprestación en servicios.

Sin embargo no se vislumbra posibilidad de cambio para que los ciudadanos reciban más y mejores servicios debido al acelerado ritmo de nuestro endeudamiento público.  Basta con decir que sólo en pago de intereses de la deuda y amortizaciones se proyecta que destinaremos en el 2010 un 6% del PIB, lo que habida cuenta de que los ingresos fiscales representan alrededor de un 14% del PIB, sólo queda un 8% para los gastos del gobierno.

Tal parece que hemos criado hijos malcriados a los que les hemos permitido por mucho tiempo gastar lo que quieran en lo que quieran  y que buscan moldear todo a su propio beneficio.

Si no ponemos un freno a tiempo a esta alocada carrera, los ingresos tributarios nunca serán suficientes y los ciudadanos tampoco recibirán los servicios públicos de calidad que les permitan mejorar sus condiciones de vida.  Mientras muchos dominicanos no tienen agua, ni caminos vecinales, ni escuelas u hospitales cercanos, nuestros políticos se sirven con la cuchara grande.  Por eso un número cada vez mayor está dispuesto a cualquier cosa con tal de ser parte del lucrativo comercio electoral que tristemente sigue siendo la más efectiva vía de ascenso social.
Marisol Vicens Bello  es abogada