En nuestro país hemos hecho abundantes reformas legislativas y  seguiremos haciendo muchas más, sobre todo ahora que la nueva Constitución ordena algunas de ellas, con el objetivo de convertirnos en una nación más moderna y organizada, sin embargo resulta contrastante que esa transformación de nuestro ordenamiento jurídico no haya estado acompañada de un cambio sustancial de nuestro quehacer político y social.

A pesar de nuestra ya larga vida democrática, la actitud de nuestros ciudadanos frente a la autoridad, y el comportamiento de ésta frente a los mismos, siguen apegados a atavismos autoritarios, que nos impiden desarrollar  una mayor capacidad para exigir rendición de cuentas e igualdad ante la ley, así como para atrevernos a cuestionar las malas acciones de las autoridades.

La transparencia, democracia y modernidad son más parte del discurso que de la acción, por eso luce cada vez más enraizada la creencia de que los funcionarios tienen licencia para todo, y de que cualquier cosa  es válida para preservar el poder.

Nuestros políticos se las han ingeniado para seguir haciendo lo que les conviene sin que importen cuantas leyes ordenen lo contrario, bajo el manto protector de la impunidad. Los gobiernos y sus funcionarios hacen y deshacen, violan leyes, acuerdos y hasta la Constitución sin que nada pase, porque éstos entienden que a una parte importante de la ciudadanía que vive en la miseria y la ignorancia, pueden mantenerla anestesiada con dádivas que le permite sobrevivir, a algunos les compran su complicidad a cambio de buenos negocios y de saborear las mieles del poder; a otros basta con mantenerles su capacidad adquisitiva y a los “necios” que osan disentir, basta con no darles espacio, en tanto no representen un real peligro para el poder.

Cabría preguntarse entonces, si las leyes no bastan para producir el cambio qué haría falta.  Muchas serían las respuestas pero sin lugar a dudas se requiere que haya mayor conciencia ciudadana para entender la importancia  de reclamar el cumplimiento de la ley y  que las autoridades estén sometidas a ella. Los sistemas de contrapeso que juegan un papel fundamental  en  sociedades más avanzadas, dependen más de la decisión de las personas que los integran de cumplir con su rol que de las facultades mismas que tengan. 

Sabemos que en países con debilidad institucional como el nuestro complacer a la autoridad diciendo que sí a todo lo que se propongan o manteniendo un silencio cómplice, es la mejor garantía para  preservar puestos y privilegios, que sólo se consiguen perteneciendo a la corte del poder. Atreverse a disentir o a no dar como buena y válida cualquier decisión de una autoridad, casi equivale a convertirse en enemigo del poder que merece ser desterrado, lo que en la sociedad “moderna”  significa  no ser tomado en cuenta.

Por eso el avance de nuestro país depende más de que tengamos ciudadanos conscientes dispuestos a exigir sus derechos y a decir un no cuando la ley, la ética y la razón lo justifican, que de nuevas leyes.  Mientras esto no suceda, nuestras autoridades seguirán con el silencio cómplice de la mayoría, haciendo lo que les parezca, sin importar cuán perjudicial sea para nuestras instituciones, nuestras finanzas o nuestra democracia. Lo demás es puro discurso.
Marisol Vicens Bello  es abogada