Muchos funcionarios del gobierno, por convicción o ambición, no pierden oportunidad para hacer valer su criterio de que las cosas funcionan mejor en manos del Estado que del sector privado, ofreciendo una imagen grotesca de los empresarios que conlleva implícitamente la conclusión de que son los malos frente a los buenos.

Esta no solamente es una visión simplista de las cosas, sino  que es equivocada y altamente dañina.

La historia de nuestro país está repleta de ejemplos que demuestran lo contrario, como es el caso de los destinos diametralmente opuestos que tuvieron el sector eléctrico luego de su estatización en 1955 y el de telecomunicaciones, que afortunadamente no llegó a ser estatizado.

Ahora bien, una gestión privada, cualquiera que sea el sector en el que se actúe, requiere de una rigurosa regulación y fiscalización.

Si bien es cierto que tenemos muchos ejemplos de corrupción privada como en el sector bancario, para nadie es un secreto que la misma sólo pudo hacerse con la complicidad o irresponsabilidad de las autoridades regulatorias.

En un hecho sin precedentes en nuestro país, hoy están tras las rejas con sentencias condenatorias luego de debidos procesos, todos los banqueros perseguidos por quiebras fraudulentas, sin embargo, no existe un solo reo condenado por corrupción pública en nuestras cárceles.

Fuerza concluir que nuestro Estado no sólo carece de  un historial exitoso a exhibir como administrador, sino que evidencia una absoluta falta de sujeción a la ley.

Mientras los corruptos del sector privado están siendo castigados como debe ser, en parte gracias al injustamente vilipendiado Código Procesal Penal, los políticos están engrosando las filas de candidatos a la inmunidad que otorgan los cargos  congresuales y municipales.

El afán de lucro es consustancial a la práctica de los negocios y es legítimo, lo que  es ilegal es el enriquecimiento ilícito y éste se da tanto en el ámbito privado como en el público.

Los funcionarios que reciben coimas y requieren ilegales comisiones, los que se benefician con contratos y manejan los fondos públicos como si fueran suyos, los que sobrevaluan costos, los que utilizan sus cargos y privilegios para servir al crimen, se están lucrando ilegalmente con el erario y abusando de su autoridad.  Lo peor es que lo están haciendo sin ninguna consecuencia.

Como el paradigma de la  visión Estado vs Empresarios es el mal llamado socialismo del siglo XXI, parece que algunos de nuestros funcionarios no se han dado cuenta que no sólo Haití ha sido víctima de una catástrofe sino que también Venezuela, lo único que allí no por causas de la naturaleza sino como resultado de una mala gestión, plagada de  populismo, clientelismo y asistencialismo.

Veámonos en ese espejo, pues el llamar “gorilas” a los empresarios, expropiarles sus propiedades o cerrarles sus negocios, ha sido una pésima receta que  sólo ha traído atraso a un país con grandes riquezas, cuyos petrodólares al servicio de la revolución no han servido ni siquiera para dar energía eléctrica.

Hace tiempo que algunos de nuestros políticos están jugando a polarizar la sociedad dominicana, ensalzando negativos sentimientos humanos que hacen perder la racionalidad.

Este es un juego peligroso que debemos evitar a toda costa.
Marisol Vicens Bello  es abogada