La demorada discusión y aprobación del proyecto de ley de partidos políticos, se ha convertido en el foco del debate político en el país, ya que el PRD reclama su aprobación como parte de los acuerdos arribados con el presidente Fernández para el voto de la nueva Constitución.
Precisamente, en el momento en que emergen con todas sus fuerzas los problemas que el referido proyecto intenta regular, tales como el irrespeto a las primarias, la reserva y cesiones de candidaturas como resultado de alianzas, la publicidad y el financiamiento de las campañas, parecería sumamente difícil que los partidos y sobre todo el oficial, decidan ponerse esta camisa de fuerza.
Sin embargo, las expectativas que provoca esta ley parecen sobreestimadas.
Por una parte el proyecto repite y amplía disposiciones de la ley electoral vigente que no han sido cumplidas y que nada garantiza que lo serán ahora.
Una de ellas es la proclama que declara el inicio del período electoral, que debe hacerse 90 días antes, aunque todos sabemos que las campañas pueden durar meses y hasta años en la práctica, lo que en gran medida saturó a la ciudadanía y fue utilizado como excusa para volver a las elecciones unificadas, sensible pérdida democrática.
De igual forma, la mayor parte de las disposiciones de la ley de partidos son deberes o derechos que derivan de la Constitución, como la no discriminación o están ya consagrados en otras leyes, como la cuota de la mujer o la ética y el sentido común las imponen.
Por otra parte, el aspecto más esperado de la ley, esto es las sanciones, o se limitan a simples multas o en algunos casos ni siquiera se contemplan, como las violaciones a las regulaciones de publicidad en los medios que aunque se establece que un partido no podrá tener más de cinco minutos al día de publicidad en un mismo medio, no se consagran sanciones a su incumplimiento.
La ley de partidos no remediará por su simple aprobación, en caso de que se diera, todas las debilidades institucionales y falta de voluntad para cumplir la ley, la ética y los propios reglamentos internos que han existido hasta ahora.
Los partidos políticos y sus organismos directivos que históricamente han desconocido resultados de procesos internos de primarias, preferencias electorales evidenciadas en encuestas, y que se han negado a participar en debates o a renovar sus estructuras y que han decidido alianzas políticas sin haber agotado los procedimientos de aprobación requeridos, no se convertirán en modelos democráticos por simple efecto de la aprobación de la ley.
Por el contrario, podría no existir la ley especial, y estos partidos exhibir conductas similares a las que intenta propiciar la misma, si su liderazgo decidiera asumir a conciencia los principios democráticos y de la ética.
Una prueba de que la ley no sería la solución a todo es que las primarias de los partidos para las próximas elecciones congresuales y municipales se hicieron bajo la organización de la JCE y utilizando el padrón electoral como dispone el proyecto y esto sin embargo no ha impedido los conflictos internos.
Por eso decimos que sería ingenuo pensar que la aprobación de esta ley resolvería el problema. Ni la ley sería la panacea ni los partidos requieren necesariamente de ella para ser democráticos e institucionales.
Marisol Vicens Bello es abogada
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