Cuando en julio del pasado año 2009 los dominicanos nos enteramos  de que el Estado dominicano había decidido vender el 49% de las acciones de Refidomsa a PDVSA,  algunos llamamos la atención sobre el peligro que representaba esta operación, que ponía nuestro país a la merced de los intereses geopolíticos de un estado extranjero, el cual no respeta ni el derecho de propiedad ni la libertad de empresa.

Siempre dijimos que el problema de esta operación no era su legalidad, ya que por un concepto medieval del valor de la propiedad nuestra Constitución no establecía límites ni controles a la venta de valores mobiliarios por parte del Poder Ejecutivo, lo que inexcusablemente se mantuvo en la nueva Constitución.

El problema radicaba en que el Estado tendría como contraparte a otro estado, no sólo con mayor poderío que el nuestro, ante el cual estábamos en posición de desventaja por la deuda acumulada vía el acuerdo de Petrocaribe; sino con  posiciones extremas en contra de nuestros principales socios comerciales, las que por más malabarismo que hiciéramos, nos obligarían tarde o temprano a definir posiciones.

No había que ser un sabio para presumir que el explosivo temperamento de Chávez marcaría la  sociedad y que cualquier acción de nuestro gobierno que despertara la ira del Comandante tendría como respuesta la terminación de la relación sin posibilidad real de reclamo.

La misma falta de transparencia que rodeó la decisión de vender las acciones a PDVSA ha caracterizado la no compra de éstas y sus consecuencias, por ejemplo, qué pasaría con el supuesto avance del precio efectuado.

Sin embargo, algunos sospechábamos  que esto sucedería, dadas las múltiples dilaciones de la visita de Hugo Chávez al país para firmar el contrato, y la situación cada vez más difícil que tiene su gobierno, con una economía que se ha ido a pique como producto de una cadena de malas decisiones de corte populista que castigan a los venezolanos con una gran devaluación monetaria y problemas  de suministro  de agua y electricidad.

Aunque en medio de esa crisis económica no sea conveniente para Venezuela comprar las acciones de Refidomsa, probablemente la decisión no obedeció a alguna lógica sino que más bien puede ser producto del disgusto de Chávez ante la iniciativa del presidente Leonel Fernández de apoyar la solución a la crisis hondureña.

Era de esperarse que si  el Comandante no respeta  la libertad de expresión, de empresa ni de acción en su natal Venezuela, tampoco aceptaría la  autodeterminación de los estados que entiende sus subordinados, por ser beneficiarios de su paternalismo petrocaribeño.

Lo que sí está claro es que nuestro Estado no tiene la capacidad financiera para hacer las inversiones que requiere la Refinería, menos ahora, con precios del petróleo en alza y un acuerdo de Petrocaribe en baja.

Tampoco representa una garantía de gestión, sino por el contrario, hace temer que la corrupción y el clientelismo dañen lo que había.

Por eso es tiempo de que el  gobierno admita que se ha equivocado en su visión de  convertir al Estado en empresario, intentando sembrar la falsa idea de que es mejor tener las empresas estratégicas en manos públicas que privadas.

Lo que hace falta es menos política,  más racionalidad económica y una efectiva regulación.
Marisol Vicens Bello es abogada