Por más imperfectas que sean las democracias o por más escasos que sean los niveles de transparencia, los medios de comunicación electrónicos y otras herramientas, permiten que el ciudadano común se entere de muchas cosas, aunque no pueda tener la confirmación oficial de las mismas.

Por eso las dictaduras restringen el acceso de los ciudadanos a internet.

Aunque de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico las autoridades están sometidas a la ley, y tenemos abundantes normativas que rigen y sancionan a los funcionarios públicos, la gran debilidad institucional que padecemos, unida a una enraizada cultura de ilegalidad, hacen que en la práctica los funcionarios públicos y el liderazgo político estén fuera del imperio de la ley, protegidos  por una irritante impunidad.

Esta situación se ha hecho cada vez más notoria, pues mientras gracias a los avances que ha experimentado nuestro sistema judicial, personas pertenecientes a sectores económicos y sociales poderosos han sido juzgadas y sancionadas por  delitos cometidos como los casos de quiebras bancarias fraudulentas, no existen sometimientos de los funcionarios que permitieron o fueron cómplices de tales acciones ni investigaciones serias ni mucho menos procesos judiciales ni sentencias condenatorias para infinidad  de denuncias de actos ilegales cometidos por éstos.

Lamentablemente la función pública ya no sólo representa para muchos un mecanismo para enriquecerse y escalar socialmente, sino que constituye una especie de patente de corso que coloca a sus detentadores por encima de la ley.

Bajo ese manto protector, se han ido tejiendo las más odiosas conexiones con todo tipo de negocios ilícitos, burlando las leyes y las más elementales normas de ética como el manejo de conflictos de intereses.

El reciente escándalo por el caso Figueroa Agosto  parecería seguir el mismo derrotero de que el peso de la ley sólo se impone en este país a los ciudadanos comunes.

Cómo explicar que la investigación de una red que implicaba el trasiego de tanto dinero y la ilegal venta de narcóticos en todo el país, hasta el momento sólo haya tenido como consecuencia el sometimiento de civiles, que parecen ser más cortesanos y testaferros del capo, que  sus lugartenientes.

Tampoco encontramos explicación al hecho de que personas vinculadas a esa red tuvieran acceso a conseguir múltiples identidades avaladas con documentos  oficiales, identificaciones de organismos de seguridad y placas oficiales, obstrucción de procesos de extradición, contratos con entidades públicas sin que las personas  de que se trate tuvieran una experiencia comprobable para los trabajos contratados, entre otros privilegios o protecciones que sólo pueden proveer autoridades,  sin que hasta el momento se haya sometido a autoridad alguna.

No sería la primera vez que quedamos sin todas las respuestas. Sin embargo, la velocidad y profusión con que fluyen las informaciones mantiene a los ciudadanos cada vez más enterados de lo que  las autoridades piensan. Los intocables de ayer, no pueden seguir siendolo eternamente, la información que hoy reciben los ciudadanos hace más difícil que puedan tragarse la píldora que quieren darle.

Por eso, en algún momento tendrá que haber justicia también para ellos. 
Marisol Vicens Bello  es abogada