Una de las razones por las que en este país algunas cosas no avanzan o exhiben una curva zigzagueante es la falta de políticas definidas de Estado que sean respetadas, por lo que cada funcionario entiende que puede llegar a determinada dependencia a tratar de imponer su visión y peor aún, muchas veces sus proyectos particulares.

Pero, lamentablemente también, sucede que el interés principal de algunos funcionarios públicos  de los gobiernos que hemos tenido es únicamente impulsar los proyectos de los cuales son “socios” o por los que están recibiendo alguna ilegal comisión, y que los demás, sin que importe lo fundamentales que sean para el bienestar del país, simplemente se queden engavetados.

Probablemente esto se deriva en parte del hecho de que cada presidente entiende que los cargos públicos son regalos para repartir entre sus correligionarios, aliados, familiares o amigos, sin que sus perfiles o competencias importen para la asignación de funciones, lo que obviamente ha producido grandes daños a nuestro país.

Parecería un juego cínico o un desprecio por la institucionalidad y  la nación, lo que importa es llenar el tablero con las fichas de cada quien, manteniendo contentos y bajo control a los compañeros de partido o aliados.

Esta práctica se ha generalizado y se replica a todos los niveles, por lo que cada funcionario tiene su pequeño feudo en el que nombra, contrata y beneficia a los suyos, con el alto costo en ineficiencia y corrupción que esto conlleva. Por eso han surgido los promotores de proyectos, préstamos y negocios que mutan de gobierno a gobierno, y descabellados asuntos resurgen de cuando en vez.

Pero no sólo se ha distorsionado la función pública haciéndola un instrumento para enriquecerse y no para el servicio y bien común, sino que se ha llegado al extremo de que la misma muchas veces sirva  a los propósitos contrarios que está llamada a cumplir.

Por eso tenemos muchos oficiales policiales y militares  criminales y delincuentes, inspectores y supervisores cómplices de los actos que están llamados a controlar y funcionarios que parecen más bien enemigos de los propósitos que están llamados a facilitar.

Los buenos funcionarios, que los hay,  ven sus ejecutorias  disminuidas puesto que dichas acciones afectan el conjunto, pero también se acomodan demasiado al amparo de la máxima de que en el país de los ciegos el tuerto es rey y terminan en ocasiones afectados por el síndrome de sentirse intocables.

Ningún país puede avanzar en semejantes condiciones aunque se gasten miles de millones en propagandas que anuncien lo contrario.

El Poder Ejecutivo tiene el deber de cancelar y someter a los funcionarios que no cumplan con su rol o mancillen sus funciones, pues su compromiso es con el pueblo que le delegó el mandato no con los  acólitos que se “fajaron en campaña”.  De lo contrario terminaría viéndose afectado por todas estas malas acciones.

Si permitimos que cada funcionario público entienda que tiene patente de corso para hacer lo que quiera en su dependencia por encima de la ley y los intereses nacionales o para utilizar su puesto para fines espurios sin que haya consecuencias por parte de la autoridad que los designa, terminaríamos siendo un Estado pirata, incontrolable incluso para las propias autoridades. 
Marisol Vicens Bello  es abogada