Como cada año, el proyecto de ley general de presupuesto y gastos públicos se introdujo tardíamente y sin que realmente pueda conocerlo la sociedad, salvo los expertos y sectores más informados, ya que no está publicado si quiera en el portal de la Secretaría de Hacienda.

Habrá que esperar ver si el mandato que establece la nueva Constitución en el artículo 128, numeral 2, literal g de que el Poder Ejecutivo deberá someter al Congreso la ley de presupuesto para el año siguiente a más tardar el primero de octubre de cada año finalmente hace que se someta el presupuesto con plazo prudente para discutirlo.

Nuevamente la historia se repite, el debate nacional sobre el presupuesto inicia en diciembre y las actividades navideñas sepultarán los reclamos que distintas entidades formulan por violaciones a asignaciones presupuestarias obligatorias previstas en leyes especiales, como es el caso del Poder Judicial, la Secretaría de Educación y los ayuntamientos.

Pero quizás los reclamos en vez de focalizarse únicamente en los montos deberían concentrarse en la parte fundamental, esto es rodear de mayores niveles de transparencia la formulación y aprobación del presupuesto de la nación.

Llama la atención que un país como Venezuela tenga mucha mayor información presupuestaria que el nuestro.

Por ejemplo, ha sido motivo de gran discusión en dicho país el aumento de la partida destinada a la presidencia, que según afirman algunos analistas, en el presupuesto 2010 será 638% superior debido supuestamente en parte a la decisión del comandante Chávez de concentrar en su poder la inversión social.

Muchos entienden que esto tiene que ver con las elecciones de nuevos diputados en el 2010 en ese país, proceso que según palabras del mismo Chávez debe ganar con al menos dos tercios de los escaños “para asegurar la continuidad de la revolución”.

Pero donde se denota el nivel de información que nosotros no tenemos con respecto a Venezuela, es cuando se critica el aumento de los gastos propios del despacho y del Presidente en un 50%, señalándose el aumento en “seguridad, custodia y transporte aéreo presidencial” para el cual se gastarán 8.3 millones en vez de 5.5 millones en el 2009, y 6 millones de dólares para viajes, 280,000 dólares para calzado y vestido, así como 145,000 dólares para productos de tocador.

En contraste, la falta de transparencia que existe en nuestro país y la formulación de  partidas presupuestarias sin los niveles de detalles necesarios hacen que discusiones como éstas ni siquiera pueden darse aquí  ya que no contamos con tales datos.

Los ciudadanos ni siquiera sabemos cuánto cuesta cada viaje presidencial ni cómo se desglosan los gastos presidenciales.

Como el verdadero poder ciudadano está en la información, sin ésta  los poderes que la nueva Constitución expresamente consagra en beneficio de los ciudadanos para controlar y fiscalizar los fondos públicos “a través de los mecanismos establecidos en las leyes” serán una simple quimera.

En consecuencia, concentrémonos en pedir los niveles de información requeridos para lograr al menos una adecuada ponderación del proyecto de presupuesto y su posterior fiscalización.

De lo contrario, continuaremos repitiendo la misma novela en materia presupuestaria.
Marisol Vicens Bello es abogada