Honduras ha despertado el interés mundial, desde que el 28 de junio pasado se llevara a cabo un golpe de Estado en contra del presidente Zelaya y su expulsión del país, que  sectores hondureños intentaron justificar como un freno a los propósitos de atentar contra la institucionalidad del país.

Independientemente de la posición que se tenga respecto de este caso, se debe admitir que se sale de los parámetros comunes por múltiples aspectos.

En primer lugar porque es la primera vez que un golpe de Estado surge para poner un freno a la voluntad de un Presidente de intentar modificar la Constitución para permanecer en el poder, como es la moda en Latinoamérica, lo que en Honduras era inmodificable por tratarse de una cláusula pétrea, esto es una disposición constitucional que expresamente indica que no puede reformarse (artículo 374).

En segundo lugar porque concomitantemente con la remoción de Zelaya y su salida del país se produjo una sucesión, por Roberto Micheletti, presidente del Senado de su propio partido, no la instauración de nuevas autoridades, sucesión que fue anunciada como transitoria hasta la celebración de las elecciones programadas para noviembre y la toma de posesión del nuevo mandatario que resultare electo el 27 de enero del 2010.

En tercer lugar, porque no se trata del típico caso  en que las autoridades militares violentan el orden constitucional, sino que supuestamente las autoridades militares hondureñas se negaron a aceptar, por juzgarlo como inconstitucional, el mandato emitido mediante decreto por el presidente Zelaya de realizar una consulta para que el pueblo respondiera si estaba de acuerdo con que en las elecciones se instalara una cuarta urna, para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente, que emitiera una nueva Constitución.

En cuarto lugar, porque aun sin contar con la bendición internacional, las elecciones fueron realizadas tranquilamente.

El ganador Porfirio Lobo era el favorito en todas las encuestas y según los resultados preliminares ganó con un 48% de los votos escrutados y una abstención de 40% menor a la de 45% registrada en el año 2005 cuando fue electo Zelaya; aunque los zelayistas sostienen que fue mayor, dato que deberá ser confirmado.

Con mucha calma y una sonrisa dibujada en el rostro, el presidente electo expresó que tocará todas las puertas necesarias para hacer que se reconozca el derecho de autodeterminación de su país.

Desde ya comienza a tener  logros, pues no sólo  algunos países han aceptado su elección como presidente, encabezados por los Estados Unidos, sino que  se ha resquebrajado la defensa a Zelaya, al punto de que la XIX Cumbre de Presidentes Iberoamericanos por la gran división existente, fue incapaz de incluir referencia alguna a la situación de Honduras en el texto de la Declaración de Lisboa y los defensores de Zelaya tuvieron que contentarse con un comunicado  de la presidencia portuguesa condenando el golpe de Estado sin referencias a las elecciones.

Afortunadamente el tiempo que queda hasta la toma de posesión y el llamado a un diálogo permitirán que los resultados se asimilen y esperemos que el interés que la comunidad internacional demostró por Zelaya también lo demuestre por el pobre pueblo hondureño que ha sido el más penalizado. 
Marisol Vicens Bello es abogada