Hay un hecho indiscutible que debe llamar nuestra atención y es que muchas leyes e instituciones que en otras latitudes sirven para el rol que deben cumplir, en nuestro país cuando se adoptan se desnaturalizan y por tanto no cumplen con el objetivo perseguido.
Hecho preocupante que nos puede llevar a no tener herramientas válidas para asegurar determinados propósitos.
Bastaría repasar las múltiples reformas que hemos efectuado en las últimas décadas, para constatarlo.
Hemos establecido por ley inamovilidades, requisitos técnicos y de sanción congresual para ciertos funcionarios, que no se han respetado.
También montos mínimos de aportes presupuestales a sectores considerados prioritarios como educación y justicia, que tampoco se han cumplido.
Plazos para la aprobación de reglamentos que nunca fueron obedecidos o de presentación del proyecto de ley de presupuesto general de la nación que reiteradamente se ha desconocido.
A esto se ha sumado el hecho de que a pesar de este inquietante grado de incumplimiento de la ley, o como consecuencia de ello, pretendemos solucionar cualquier aspecto estableciendo un mandato legal, quizás porque algunos se sienten cómodos con aprobar una ley que tenga algún efecto mediático, pues al fin y al cabo saben que no será cumplida o lo será a medias.
En la recién aprobada reforma constitucional se constitucionalizaron distintos mandatos legales incumplidos, como si su inclusión en la Constitución asegurara su cumplimiento y, paradójicamente, se modificaron otros que no se habían respetado, para validar algunas malas prácticas.
Por eso en nuestro país de nada ha valido que se establezcan disposiciones legales que obliguen a una concertación en espacios multisectoriales, o que aseguren ciertos niveles de transparencia, o la idoneidad de organismos técnicos del Estado, pues siempre las autoridades de turno encuentran la forma de intentar acomodar la ley a sus intereses.
Y no solamente se trata de acomodar la ley a los intereses políticos partidarios sino también a instituciones que deberían ser independientes.
Es el caso, por ejemplo, de ciertos colegios profesionales y gremios, muchos de los cuales están abiertamente controlados por los partidos políticos mayoritarios, los que se pelean por colocar allí sus adeptos.
Lamentablemente, la coloración política que estos organismos han decidido asumir desnaturaliza su misión.
Lo peor es que nuestra sociedad se ha acostumbrado a estas distorsiones, a que la autoridad incumpla con la ley sin consecuencias, a que los policías y fuerzas de seguridad sean los primeros implicados en cualquier hecho delictivo, así como a que los intereses políticos partidarios desnaturalicen instituciones y sectores.
Por esto cargamos con el pesado lastre de una vergonzosa educación pública, un sistema eléctrico tan politizado como ineficiente, y un transporte público caro, malo y al margen de la ley, entre otras muchas cosas.
En medio de este circo de distorsiones debemos decidir romper con la actitud que nos ha hecho tolerar la corrupción, la impunidad, las violaciones a la ley, la politización de todo lo que nos rodea y, a aceptar como un hecho, tantas situaciones que anclan nuestro desarrollo.
No permitamos que nos sigan acostumbrando a todo.
Marisol Vicens Bello es abogada
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Marisol Vicens Bello Abogada. Egresada de la Universidad Iberoamericana. Université Paris II Panthéon-Assas. Presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana. |
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