La recién publicada carta de intención del Gobierno con el FMI, a pesar de la negativa que habían exhibido algunos funcionarios, representa una enorme ventaja para el Gobierno central, ya que recibirá el beneficio de muchos recursos y tendrá que dar muy poco a cambio.
En relación con el gasto, a pesar de que es un hecho conocido que la campaña electoral presidencial fue causa importante del aumento del déficit fiscal el pasado año, no sólo se justifica enteramente su expansión en el primer semestre del 2008, sino que valida una expansión fiscal para el período 2009/2010 bajo el argumento de ejecutar una política fiscal anti-cíclica.
Esa expansión del gasto le dará al gobierno central la facultad de aumentar su déficit fiscal en 1.2 puntos porcentuales, debiendo sólo reducirse en 0.5 puntos porcentuales para el 2010, para llegar a un déficit global del gobierno central de 2.6% del PIB. Este compromiso se ejecutará convenientemente a partir de la segunda mitad del 2010, esto es después de las elecciones congresuales y municipales.
En cuanto a los gastos del gobierno central, sólo se expresa de manera vaga que se priorizará la inversión pública y el gasto social para maximizar los efectos de la expansión fiscal sobre la actividad económica, y peor aún no se establece ningún compromiso específico en cuanto a porcentaje y cronograma de desmonte de la nómina pública, indicándose únicamente que se reducirá gradualmente luego de alcanzar el 4% del PIB en el 2009.
Aunque en la carta de intención las autoridades admiten por vez primera que la relación deuda-PIB está muy alta en nuestro país, la cual se estima ronda en casi un 40% del PIB y asumen comprometerse con “un ambicioso objetivo” de reducirla en el rango de 25-30% del PIB en el mediano plazo; en el marco del programa paradójicamente la misma se aumentará a más de un 40%.
Como el acuerdo vencerá pocos meses antes de las elecciones presidenciales del 2012, es probable que dicho objetivo de reducción no se cumpla.
Lo que sí es seguro es que el Gobierno ejecutará medidas que impactarán sobre la población, como la efectiva aplicación de la Ley de Hidrocarburos y el selectivo de 13% advalorem a los combustibles, que se creó en la reforma fiscal del 2005 supuestamente de forma transitoria para paliar la crisis, lo que generaría un “incremento en los ingresos tributarios de 0.2% del PIB”.
Aunque se ha afirmado que no habría una reforma fiscal, medidas como ésta y la eliminación de exenciones tributarias, sí lo serán.
A esto deberá sumarse las minireformas fiscales que distintas entidades públicas están promoviendo cada una por su lado, aumentando unilateralmente tasas o creándolas, todo esto sin que estas recaudaciones figuren en una cuenta única de la Tesorería Nacional, y haya control sobre sus ingresos y uso.
En conclusión, el acuerdo con el FMI le ha venido al Gobierno como anillo al dedo, pues le dará los recursos que necesita y que no encontraba para equilibrar sus cuentas, cumplir compromisos y aumentar sus gastos, sin restricciones indeseadas en el período de campaña electoral; todo ello a cambio de pocos compromisos, cuyos efectos serían mitigados en las masas más vulnerables y con más votos, con la ampliación de los programas sociales.
Los afectados seguiremos siendo los mismos.
Marisol Vicens Bello es abogada
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Marisol Vicens Bello Abogada. Egresada de la Universidad Iberoamericana. Université Paris II Panthéon-Assas. Presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana. |
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