El Tribunal de Juicio de San José, Costa Rica, condenó al ex presidente Rafael Calderón Fournier a cinco años de prisión por dos delitos de peculado.
De inmediato, el ex mandatario declaró que no se presentará como candidato a las elecciones presidenciales del año próximo, expresando que “cuando un tribunal serio lo condena, uno no tiene autoridad para pedir votos”.
Independientemente de la valoración que merezca la sentencia en cuestión, cuyo contenido será dado a conocer el 3 de noviembre, o del posible trasfondo político del caso por la proximidad de las elecciones, hay varios aspectos de esta noticia que cabe resaltar.
Llama la atención que el monto total de las comisiones ilegales supuestamente recibidas por el ex presidente y sus acólitos por la suscripción de un contrato de crédito por la Caja Costarricense del Seguro Social con el Gobierno de Finlandia para comprar un equipo médico por valor de US$40 millones a una empresa finlandesa es de US$8.5 millones.
Por otra parte, que aunque los hechos sucedieron cuando Calderón ya no era presidente, como era el líder del Partido Unidad Social Cristiana los jueces entendieron que hubo una alianza entre la cúpula de ese partido y la empresa finlandesa.
Según las declaraciones vertidas por la jueza que explicó la sentencia, se interpretó que al probarse la efectividad del pago de comisiones eso significa que las mismas las pagaron todos los costarricenses.
Si al menos algunos de todos los rumores y denuncias que circulan en nuestro país fueran ciertos, podríamos suponer que comisiones de montos muy superiores a estos han sido percibidas de forma ilegal y consuetudinaria por funcionarios de todos los gobiernos, muchas de ellas por adquisiciones que se hacen sin debidas licitaciones y transparencia, sin que nada haya ocurrido.
Y es que en nuestro país se ha ido creando una cultura de corrupción que ha hecho convertir en normales prácticas reñidas con la ley y la moral, como los conflictos de intereses, el cobro de comisiones ilegales, el nepotismo y todo tipo de acciones en beneficio propio de ciertos funcionarios y sus asociados.
Para nadie es un secreto que en nuestro país muchas veces se recurre a sociedades fantasmas para que suscriban contratos con la administración pública, para luego esta sociedad, que no tiene el perfil para brindar los servicios de que se trate, tenga que subcontratar con otra la prestación de dichos servicios a cambio de determinados pagos, encareciéndose los costos.
Tampoco es un secreto que proyectos de gran importancia para el país a veces no se hacen realidad porque la negativa de pagar comisiones no los deja avanzar o porque los intereses particulares impiden la libre participación. Pero lo peor es que todo eso sucede dentro de un alarmante ambiente de tolerancia.
Por eso pensamos que casos como el de Costa Rica deben sacudirnos, para que pongamos un freno a la excesiva permisividad e impunidad frente a la corrupción y las malas prácticas administrativas, que son las culpables de que unos cuantos se hayan hecho muy ricos y que problemas fundamentales de la nación sigan sin solucionarse, a costa de una población cada día más pobre y con menos oportunidades.
Peligroso caldo de cultivo que ha tenido negativos efectos en nuestra región.
Marisol Vicens Bello es abogada
| < Anterior | Siguiente > |
|---|
 |
Marisol Vicens Bello Abogada. Egresada de la Universidad Iberoamericana. Université Paris II Panthéon-Assas. Presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana. |
Comentarios (0)