Lamentablemente, la discusión y aprobación de la segunda y última lectura de la nueva Constitución que regirá los destinos de la nación está sucediendo sin la debida información y transparencia.
Decimos esto porque nadie sabe con certeza cuál es el orden de la revisión, qué artículos van a ser conocidos cada día, ni cuál es el texto exacto de lo aprobado en segunda lectura, salvo lo informado por la prensa.
Este proceso de reforma que se promovió inicialmente como el más transparente, televisándose las sesiones y habilitando una sección de consulta en el sitio internet del Congreso para colocar los textos; ha terminado penosamente en acuerdos de aposento y ausencia de la debida información pública.
Y es que no sólo no se está televisando, sino que se desconoce lo aprobado definitivamente, sin que el ciudadano disponga de una fuente oficial de consulta actualizada.
En momentos en que un diputado del partido oficial propugna por la modificación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, vale la pena recordar que el grado de ejecución y cumplimiento de la misma es todavía ínfimo, pues por ejemplo no se está cumpliendo con el deber de publicación de proyectos de normativas de carácter general que establezcan requisitos o formalidades para regir las relaciones entre los particulares y la administración o que se exigen a las personas para el ejercicio de sus derechos y actividades.
Cabe preguntarse que si ese es el nivel de información que nuestros legisladores dispusieron en provecho de los ciudadanos para normas de aplicación general, no puede justificarse que el voto de una nueva Constitución, que determinará los destinos de la nación y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos pueda darse de espaldas a la población.
Una nueva Constitución no puede tomar por sorpresa a la ciudadanía, lo que de seguro acontecerá de continuar la Asamblea Revisora trabajando de la forma en que lo está.
Y no se trata del caso de falta de interés de buena parte de la población respecto de la misma, que naturalmente hará que para muchos múltiples aspectos sean desconocidos; si no de que aun los sectores que más seguimiento le han dado a la reforma, a pesar de los esfuerzos desplegados, terminarán enterándose de lo realmente aprobado cuando la reforma sea publicada y se les imponga.
Mientras muchas personas se mantienen apáticas a las discusión constitucional u otras se circunscriben a los temas conflictivos que generan divisiones, podría ser muy tarde cuando despierten y se enteren de que ya no tendrán como ciudadanos derecho a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra una norma jurídica sin tener un interés jurídico legítimamente protegido, o el derecho a una administración pública honesta y transparente, entre otros.
Sin embargo, todavía el Presidente expresa orgullosamente fuera de nuestro país, que la actual reforma constitucional será un referente para nuestra vida constitucional y que consolidará el sistema democrático.
A este punto habría que preguntarse a cuál Constitución se refiere, si a la que redactó la comisión de juristas, a la que introdujo al Congreso, a la que acordaron privadamente los líderes de los dos partidos mayoritarios, o la caja de sorpresas que surgirá de la segunda lectura.
Marisol Vicens Bello es abogada
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Marisol Vicens Bello Abogada. Egresada de la Universidad Iberoamericana. Université Paris II Panthéon-Assas. Presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana. |
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