En nuestro país tenemos una marcada tendencia a no identificar las verdaderas causas de los problemas o a esquivarlas, y manipular la opinión pública tratando de vender a la gente la idea de que la solución radica por ejemplo en una reforma legal o en cualquier otro tipo de medidas que tienen un efecto mediático.
Es el caso de la alarmante penetración del crimen organizado en nuestra sociedad, que todos sabemos no puede haber sucedido sin grados importantes de complicidad oficial.
Cuando se dice que deben censarse determinados nacionales de un país o que deben hacerse más rigurosas las penas para los menores que delinquen, se está hurgando las ramas y no la raíz del mal. Si menores incurren en esta actividad delictiva, es porque hay muchos mayores que están haciendo lo mismo, y a pesar de la existencia de penas más rigurosas a su respecto no están disuadidos de hacerlo.
El problema no es si las personas están registradas como se supone debería ser, pues para algo todo el que entra al país por las aduanas oficiales debe completar los procesos requeridos, sino el porqué este país se ha convertido en un lugar buscado por los capos de la droga.
Entonces habría que reflexionar sobre la fragilidad de nuestros organismos de seguridad, las complicidades oficiales, la exclusión social como caldo de cultivo y el florecimiento de una economía clandestina, alimentada por el dinero sucio que circula sin explicación y se lava a la luz pública a través de operaciones inmobiliarias y de adquisiciones de negocios, sin que se detonen las debidas alarmas, no sólo oficiales sino de toda la sociedad.
Algo similar está sucediendo con aspectos fundamentales de la reforma constitucional. Defienden algunos la necesidad de un tribunal constitucional que ponga control a las violaciones a la ley y la Constitución, ya que el actual sistema de control constitucional ejercido por la Suprema Corte no basta.
Pero en vez de reflexionar sobre el porqué hay debilidades en nuestro aparato judicial, a pesar de sus indiscutibles progresos a 12 años de su reforma, estamos apostando a soluciones que sólo crearán mayor burocracia y gastos públicos, y no solucionarán el mal de fondo, que no es otro que la resistencia del poder político a un sistema de contrapesos, del cual es parte consustancial una justicia independiente.
El Consejo Nacional de la Magistratura se creó en la reforma constitucional de 1994 para contrarrestar la politización del poder judicial dominicano, controlado totalmente a esa fecha por el Ejecutivo.
15 años después, los políticos siguen teniendo la misma visión de que la justicia independiente no les conviene, y por eso deben de algún modo intentar controlarla, sin que los ciudadanos nos demos cuenta de que la única garantía que tenemos para defender nuestros derechos, no es la creación de un nuevo tribunal de nombre rimbombante, sino la asimilación del concepto de que los jueces tienen que ser independientes, no porque lo diga la ley o la Constitución, pues eso no basta, sino porque lo diga la conciencia colectiva.
Mientras no dejemos de querer agarrar los rábanos por las hojas, y reflexionemos sobre las verdaderas causas de nuestros males, no superaremos ninguno de los problemas que nos agobian aunque cambiemos la Constitución.
Marisol Vicens Bello es abogada
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Marisol Vicens Bello Abogada. Egresada de la Universidad Iberoamericana. Université Paris II Panthéon-Assas. Presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana. |
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