Un buen ejemplo para medir el grado de institucionalidad en nuestro país, así como del apego de las autoridades a la ley, es observar lo que acontece en relación con los nombramientos de muchos funcionarios.
A pesar de que el Poder Ejecutivo cuenta con una Consultoría Jurídica de manera reiterada se violentan disposiciones legales al hacer designaciones de funcionarios mediante decretos, a pesar de que por mandato de una ley especial deben ser elegidos de una terna seleccionada por consenso de los sectores representados en el consejo de que se trate, como es el caso del IDSS, de PROINDUSTRIA, entre otros.
Esta situación ha propiciado distorsiones a la ley, pues en la mayoría de los casos, se prefiere intentar salvar la ilegalidad, dejando sin efecto el decreto y sometiendo una terna ficticia encabezada por dicha persona.
A pesar de que algunas reformas recientes han intentado poner límites a estas prácticas en que han incurrido históricamente nuestras autoridades, estableciendo perfiles obligatorios para las personas que van a ocupar ciertos puestos técnicos, como es el caso del director de la Comisión de Energía o los miembros del Consejo de la Superintendencia de Electricidad, es por todos conocido que en más de un gobierno estas disposiciones también han sido violentadas nombrando personas, que incluso a pesar de tener un buen perfil, no gozan de experiencia ninguna en el sector en que han sido designadas, y por lo tanto violentan las exigencias de la ley.
Lo lamentable es que esto se ha hecho una costumbre y ya nadie reclama este incumplimiento.
Algunas leyes plantean incluso expresamente inhabilidades para ocupar determinados puestos, intentando evitar que algún interés en juego sea juez y parte, sin embargo, tampoco esto parece suficiente para evitar esta posibilidad.
El problema fundamental es que a pesar de tantos esfuerzos, de los muchos recursos utilizados y las numerosas reformas aprobadas, los intereses particulares, la cultura del clientelismo o del amiguismo no desaparecen por efecto de una ley.
En la década de los 70 y los 80 se criticó ríspidamente que los movimientos de funcionarios se hicieran sin tener en cuenta las debidas competencias, pero varias décadas más tarde seguimos haciendo lo mismo a pesar de las sofisticadas leyes existentes, porque la decisión sigue estando centrada no en la idoneidad de la persona para ocupar el cargo, sino en las necesidades de mover las fichas en el complicado ajedrez político dominicano.
Por eso no debe sorprendernos que esta cultura del amiguismo no sólo siga permitiendo que muchos funcionarios manejen sus dependencias como si se trataran de sus feudos particulares, sino que hasta se hayan institucionalizado prácticas como la del bochornoso barrilito.
Mientras no cambiemos esta visión clientelista del ejercicio del poder, ni la aprobación de la ley de partidos, ni el voto de una nueva Constitución, cambiarán el modus operandi de la política dominicana.
Lamentablemente lo que viene sucediendo no es que las autoridades se hayan sometido a la ley, sino que han descubierto que pueden acomodar ésta y hasta la misma Constitución a sus intereses particulares y de paso entretener a la población en un supuesto ejercicio de modernización y democracia.
Marisol Vicens Bello es abogada
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Marisol Vicens Bello Abogada. Egresada de la Universidad Iberoamericana. Université Paris II Panthéon-Assas. Presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana. |
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