Una de las nefastas consecuencias de la dictadura de Trujillo, ha sido  la funesta decisión que tomó en el año 1955 de nacionalizar la entonces Compañía Eléctrica de Santo Domingo, lo que no tuvo tiempo de llegar a efectuar con la Compañía  de Teléfonos, de ahí la historia tan distinta que ha tenido el sector eléctrico y el de telecomunicaciones en nuestro país.

Se dice que esta decisión fue producto de una rabieta, ya que en una comunidad en la que el dictador acudió a un acto, no había servicio de energía por falta de pago.

En ese momento comenzó la desgracia que para el país ha significado el erróneo concepto de que por tratarse de un servicio público la electricidad no tiene que pagarse; lo que en adición a haber provocado el colapso del sistema gracias al insostenible déficit en el Sector, es un gran mito, pues el  supuesto ahorro de no pagar el servicio termina significando un costo mayor, pues los recursos quemados en combustibles por subsidios no pueden ser invertidos en educación, salud y transporte público, castrando nuestro desarrollo.

De los últimos 54 años, apenas 3 fueron de una administración mixta pública-privada bajo el marco del proceso de capitalización llevado a cabo en el año 1999, prácticamente revertido con la contrarreforma del  2003, por lo que por más de 4 décadas el Estado ha sido el responsable del sector eléctrico sin haber podido brindar soluciones.

Paradójicamente, algunos  siguen apostando a  mantener el estatus quo.

Lo cierto es que ni el sector eléctrico ni ningún otro pueden operar aquí ni en ninguna parte, con alrededor de 40% de pérdidas.

La solución al sector no depende de en manos de quién esté, pero la historia nos indica que la gestión pública del mismo ha politizado totalmente las decisiones, agravando el problema a dimensiones  inmanejables.

La designación al frente de la CDEEE de un reconocido y respetado empresario como lo es Celso Marranzini, parece ser una señal de esperanza de poder  ver  luz al final del  túnel.

Se trata quizás del más grande desafío, y su sola aceptación es una muestra de compromiso ciudadano que conlleva un enorme sacrificio.  Pero de nada servirá dicho nombramiento, si todos los dominicanos no entendemos  que la solución de la crisis eléctrica es un reto de todos, por el que cada quien tendrá que cargar su cuota de sacrificio.

Por eso no se trata de que cada cual defienda sus intereses, ni de pretender que pueda haber solución sin realizar los ajustes necesarios y sin contar con el total apoyo de las autoridades para solventar los ingentes compromisos financieros.

Debemos reflexionar todos sobre  lo que le ha costado a este país esta sempiterna crisis, desprendernos de  los prejuicios y apostar a que ésta sea una oportunidad, quizás la última, de resolver con sacrificio y en el tiempo requerido, un problema que no resiste más espera.

Tenemos un enfermo en estado de gravedad que requiere de un tratamiento costoso y lento, sin que tengamos todos los recursos necesarios para poder sufragarlo.

Ayudemos a  salvar al enfermo primero para luego transitar hacia donde se deba, aceptando que toda solución comienza por romper el círculo vicioso de no pago, por el cumplimiento de la ley y la aplicación de las mejores prácticas gerenciales.

Si desaprovechamos esta oportunidad perderemos todos. 
Marisol Vicens Bello es abogada

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