Uno de los aspectos más importantes de la Reforma Constitucional está pasando desapercibido para algunos:  la definición del rol del Estado dentro de la actividad económica.

A pesar de los reclamos del sector empresarial, el texto del artículo 197 aprobado en primera lectura en relación con el régimen económico sigue resultando preocupante.

El mismo señala que “el Estado garantiza el pluralismo económico basado en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.

Bajo el principio de subsidiaridad, el Estado puede por cuenta propia o en asociación con el sector privado, ejercer la actividad empresarial con el fin de prestar servicios públicos, asegurar el acceso de la población a bienes y servicios básicos y de promover la economía del país”.

La insistencia en mantener esa redacción evidencia un interés marcado en plasmar en nuestra Constitución un concepto de Estado Empresario, lo que nos parece una visión equivocada, pues lo que necesitamos es un Estado regulador fuerte y eficiente, que asegure el cumplimiento de la ley a la vez que facilite el desarrollo.

La propuesta  empresarial es muy simple, que dicho artículo diga que “El Estado garantiza la libre empresa, creando las políticas públicas necesarias para promover  el desarrollo del país.”  Sin embargo, llama la atención que  no haya querido consagrarse esta garantía fundamental.

Si la actual Constitución consagra la libertad de empresa, comercio e industria, cabe preguntarse qué justifica el cambio, como también porqué se entiende necesario consagrar expresamente la actividad empresarial pública, reiterada  en el artículo 198 aprobado, que habla de la “actividad empresarial, pública o privada”.

Parecería  que se persigue aumentar la  actividad empresarial pública y limitar la privada, lo que ha quedado evidenciado con la compra de las acciones privadas de REFIDOMSA  y EDESTE, empresas que eran de capital mixto, estatal y privado.

Cabe preguntarse  si es esta la visión que debemos consagrar en una reforma constitucional que supuestamente quería modernizar nuestro Estado.

Sólo  con revisar  nuestra historia podemos  saber si la participación estatal en  sectores como el eléctrico, ha servido al desarrollo o  lo ha castrado.

La operación de venta del 49% de  las acciones de REFIDOMSA a  Petróleos de Venezuela (PDVSA), aumenta la inquietud que muchos sentimos sobre esta nueva concepción de Estado Empresario. 

Basta con citar las  recientes declaraciones  del Ministro de Energía y Jefe de PDVSA de  que “trabajador que no esté en una organización socialista auspiciada por el gobierno es sospechoso de conspirar contra el proyecto político del presidente Hugo Chávez”, y  que “PDVSA no solamente es roja, rojita, PDVSA está con Chávez”.

Aterra pensar que éste será el criterio que gobernaría nuestra refinería y qué pasaría si en cualquier momento la condición de estar con Chávez y su proyecto político luce no satisfecha al Comandante.

Lo que suceda en la segunda revisión y aprobación que haga la Asamblea Revisora definirá el rol de nuestro Estado.

Esperemos que nuestros legisladores comprendan que necesitamos garantizar la libre empresa y una regulación estatal eficiente, no por el bien de los empresarios, sino del país. 

La historia hablará por sí sola.
Marisol Vicens Bello  es abogada

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