El reciente almuerzo del presidente Fernández con los directores de medios ha causado o agravado para muchos el sentimiento de frustración ante la falta de voluntad para castigar la corrupción.
La exposición sobre las leyes aprobadas en materia de control de uso de los recursos públicos y el intento de justificar que no hay “hipercorrupción” sino más bien “debilidades”, por más que se acompañe del gastado estribillo de que “toda denuncia será examinada”, demuestra que la sanción a la corrupción no depende de leyes, sino de que haya voluntad política para castigarla.
Por el contrario, la percepción de la ciudadanía es que la corrupción ha aumentado, como demuestra la reciente encuesta Gallup que indica que un 66% de la población así lo piensa, y peor aún, un 84% entiende que hay impunidad.
Resulta simple darse cuenta de cuál es el mensaje que estamos enviando a la ciudadanía: la corrupción no tiene consecuencias cuando se es parte del poder político.
Y si a esto le añadimos que el cumplimiento de la ley en nuestro país es un deber para unos cuantos que no disfrutan de patente de corso, nos da el triste resultado de una sociedad corrompida, con un Estado de Reglas pero no de Derecho, con un modelo económico fracasado que sólo ha servido para exhibir crecimientos estadísticos, en el cual la población es cada vez más pobre, menos educada y tiene menos oportunidades.
Vivimos en la era de la información, y parecería un absurdo que todos tengamos mayores noticias sobre los actos de corrupción que las autoridades, quienes para todo lo demás están excelentemente informadas.
Basta con comparar los meteóricos ascensos económicos y sociales de muchos funcionarios, dónde viven, cómo se divierten y qué compran, respecto a lo que hacían con anterioridad al cargo.
Mientras las autoridades del Ejecutivo y del Ministerio Público están sordas y ciegas ante la corrupción, el pueblo observa y escucha, pues muchos de los mismos funcionarios pecan de locuaces y dan cuenta de sus propias fechorías, o sus mismos empleados o compañeros.
También está consciente de que penosamente sin pago de comisión nada avanza.
Si a esto se suma que el 84% de la gente entiende que la economía va mal, fuerza concluir que existe una gran discrepancia entre la percepción general sobre la economía y la corrupción, y lo que públicamente manifiestan las autoridades.
Naturalmente que en una sociedad con tal debilidad institucional y con un poder político omnipotente, ningún ciudadano puede inmolarse ejerciendo acciones judiciales o presentando pruebas de corrupción; bastante arriesgan con hacer las denuncias. Exigirles estas pruebas a los ciudadanos es afianzar la impunidad.
Continuar con este “laissez faire” es condenar al país al subdesarrollo, a la pobreza y lo que es peor, a ser secuestrado por el caos.
Estamos avivando el fuego de un delicado caldo de cultivo, basta con examinar las mismas estadísticas oficiales para saber en qué condiciones vive la mayoría, lo que choca de forma irritante con el dispendio y boato de malos funcionarios que entienden que están en sus puestos para beneficiarse a sí mismos y a sus allegados.
Esto justificadamente llena de frustración e indignación a la población, explosiva mezcla que constituye una peligrosa bomba de tiempo.
Marisol Vicens Bello es abogada
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Marisol Vicens Bello Abogada. Egresada de la Universidad Iberoamericana. Université Paris II Panthéon-Assas. Presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana. |
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