Hace más de 35 años, mi hijo mayor, quien cumplirá 50 en febrero entrante, estudiaba en una escuela privada propiedad de un sacerdote vegano cuya hermana había sido maestra mía de química.

Era personaje troglodita, de temperamento más parecido al exhibido en las películas de Hollywood sobre los pistoleros del oeste norteamericano.

Entonces estaba extremadamente ocupado escribiendo en inglés y castellano un paquete de información sobre la RD que habría de entregarse a la banca internacional como parte del proyecto de rehabilitación de los ingenios del Estado.

Un día, el dueño y director de la escuela, con todos los estudiantes reunidos en el patio, llamó por su nombre a mi hijo y le dijo en voz alta para que todos lo oyeran, “los malapagas no caben aquí, váyase a su casa y vuelva cuando traiga lo que debe”.  Salió lloroso y avergonzado a llamarme por teléfono.

Cuando llegó a mi oficina, le entregué el dinero y una carta para el sacerdote en la que le recriminaba su falta de consideración y su conducta indolente e injusta de castigar al inocente, así como de mi convicción de que si nuestras posiciones reflejaban actitudes de un demonio y un ángel, no era la del ángel la sustentada por él.

Su respuesta fue retarme a muerte porque él tenía pistola y yo debía hacerme de una para acudir al campo del honor. Simplemente saqué mi hijo de ese colegio y lo inscribí en la escuela experimental de INTEC.

Hasta esta semana había pensado que esa actitud constituía la excepción, pero ahora me doy cuenta de que se trata de la corriente generalizada en la escuela privada, a pesar de las subvenciones enormes que reciben y que constituyen aportes de la nación dominicana a través de los impuestos.

La Federación Nacional de Centros Educativos Privados (Fenacep) ha elegido mal momento y mala estrategia para abordar la solución de sus problemas de financiación, aprovechando la carencia de oferta de plazas estudiantiles en la escuela pública para amenazar con la toma de medidas fuera del marco de la ley.

Ese tipo de amenaza no puede ser aceptada bajo ningún alegato por parte de quienes tenemos hijos de edad escolar, ni tampoco de parte de los dominicanos preocupados por que nuestro sistema educativo sea mejorado tanto cualitativamente como en las inversiones públicas, por ser el único sector que produce garantías en el enfrentamiento del porvenir.

Desde hoy pongo mi pluma y mi intelecto al servicio de la causa del Instituto Nacional de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor) y su directora ejecutiva, Altagracia Paulino, no solo sobre el tema de la educación sino, además, sobre cualquiera donde pueda ser útil.
Marcos Taveras es consultor empresarial