Desde la semana pasada se metió en mis sesos la Policía Técnica Judicial, cuando la lectura por Internet de mensaje que se me antojó chismoso o subversivo sobre la ley que supuestamente la creaba, sin haber escuchado noticia alguna del propósito de las autoridades judiciales sobre su integración, me causó sorpresa y optimismo.

Me pareció un paso de avance hacia la institucionalidad judicial la reasignación de la función investigatoria a la real autoridad de la fiscalía desde un cuerpo cuya responsabilidad primaria no es la investigación de hechos que de derecho son siempre cargados a la judicatura.

Respondí opinando que las funciones de persecución judicial normalmente son divididas en términos jurisdiccionales implicándose así fiscales municipales, estatales o provinciales y nacionales o federales, dependiendo de la geografía política del Estado contemplada en la Carta Magna, en la dirección de la investigación policial.

Nuestra Policía Nacional es institución cuya función teórica poco ha tenido que ver con lo que realmente hace, es decir, perseguir indiscriminadamente a supuestos hacedores de crímenes, delitos y desórdenes en todo el país, en cuya persecución aparece como normal conducta su disposición de emprender batallas de exterminio o muerte contra éstos, tal que nefastos escuadrones de la muerte.

Esa imagen se percibe de conversaciones entre amigos y relacionados en todo el país y no es imagen conveniente a la nación ni a la Policía Nacional ni al Gobierno, pues también los miembros del cuerpo policial y sus líderes sostienen una imagen histórica desde su creación y por su actuación que es contraria al rol que le corresponde como auxiliar de justicia en una sociedad civil y democrática. Esto sin mencionar la criminalidad descubierta entre sus miembros en toda su jerarquía, ni su rol de guardia personal de potentados.

No puede haber garantías ciudadanas mientras huestes policiales mantengan la práctica de perseguir a su antojo a presuntos delincuentes con historiales de su propia elaboración y control, tengan autoridad para hacer y deshacer a voluntad, mediante metodologías extrajudiciales, los entuertos que crean ellos mismos o se crean en los barrios marginados o en las villas rurales, y para ignorar actos criminales de favorecidos. Es fácil, decía mamá Yayo, genia de la simplicidad. Lo único que hay que hacer, diría ella, es tener cojones, proponer la solución y casarse con ella. A eso ahora llamamos voluntad política.

Tal vez sea mejor que alquilemos a alguien que sepa que le pagamos cuatro años de salarios y muchas comodidades por sus servicios profesionales, alguien que llegue al puesto consciente de que debe venir con los aperos necesarios para hacer un trabajo digno, nacionalista, valiente y sin dobleces.
Marcos Taveras es consultor empresarial