En tres ocasiones durante los últimos once meses, la presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte de Barrios, ha divulgado que las pesquisas de la institución muestran irregularidades cometidas en la utilización de los fondos públicos. En junio del 2010, en entrevista transmitida por Telesistema, señaló que «todos los partidos políticos dominicanos incurren en irregularidades, en cuanto al uso que dan a los recursos que les entrega la Junta Central Electoral».

En octubre del 2010, en la Cámara de Diputados, comentó que «en las diferentes instituciones del gobierno central y en la mayoría de los Ayuntamiento existe un desorden financiero por falta de controles y de organización, y los ejecutivos municipales alegan que no tienen recursos para ordenar sus estados de cuentas».

El 29 de abril recién pasado se quejó de que «... habiendo depositado en la Dirección de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA) auditorías que revelan irregularidades nadie ha sido sometido a la Justicia por estos actos dolosos».

Un considerando del decreto 728-10 que obliga a que las comunicaciones oficiales sean encabezadas con la leyenda del 2011 como «año de la transparencia y el fortalecimiento institucional» nos cuenta que «... el Gobierno dominicano ha venido realizando esfuerzos firmes en pos de incentivar una cultura de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción...», algo al parecer contrario a lo que pudiese colegirse de las quejas de doña Licelot.

Nadie saldría mejor parado que el propio presidente de la República Dominicana, si los organismos bajo su mando o su influencia fueran convocados a tomar cuantas medidas fueran pertinentes para cumplir con los propósitos del enunciado en vez de simplemente copiar su contenido al tope de las comunicaciones oficiales. Es que la falta de transparencia es opacidad que impide ver pero no inferir el dolo en las instituciones oficiales, cuyo monto es muy probablemente de miles de millones de pesos.

Es conducta desidiosa del Poder Ejecutivo que no realiza adecuada rendición de cuentas; de la Procuraduría General de la República y sus dependencias, que no someten a la Justicia a los prevaricadores, de la Contraloría General de la República que no exige la instalación de procedimientos adecuados de contabilización y control de desembolsos, y del Poder Legislativo que no reclama explicaciones a quienes cometen faltas durante el proceso de ejecución presupuestaria, así como por estimular la prevaricación entre los legisladores con la creación de ONGs que sirven más para resolver problemas de promoción personal.

Siga, señor presidente Fernández, como siempre nos dice que anda, para adelante. Pero no se quede en la gatera. Propicie que las fiscalías pertinentes inicien procesos para trancar a los prevaricadores.
Marcos Taveras es consultor empresarial
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