Se dieron los primeros pasos para resolver la crisis del desayuno escolar que ha provocado cientos de intoxicaciones entre escolares.
Como el engendro provocó la ira de suplidores potenciales, era de esperarse que la promesa del ministro de Educación de repartir el pastel llene los apetitos insatisfechos, al menos en lo que acomodan su valiosa carga quienes antes no participaban del convite, hasta identificar nuevas inequidades.
Ya se ha anunciado que la leche volverá a la escuela por la gestión del señor ministro que reunió mansos y cimarrones, gestión digna de alabanzas, como lo es su decisión de comprar los lácteos para el desayuno escolar permitiendo la “participación de todos los sectores que producen ese vital alimento,” con lo cual éste volverá a la escuela.
Quedan, sin embargo, víctimas inocentes cuyos daños deben cuantificarse y ser objeto de una sentencia en resarcimiento de sus pérdidas. Dicho de otra manera, se ha encontrado el camino hacia la paz sin que se haya entregado respuesta a ninguna de las interrogantes clásicas de la investigación.
El periodista dice que el presidente de la Asociación de Procesadores de Lácteos, Licenciado Julio Virgilio Brache A., se había referido a que “en la reunión se analizaron cuáles han sido los problemas que ha tenido la leche que ha intoxicado a cientos de niños en la escuela.”
Aunque no sé si se refleja fielmente el sentido de las palabras del Licenciado Brache, de así ser interpretaría la expresión como una aceptación de que las intoxicaciones fueron causadas por los derivados lácteos de las raciones. Es la primera vez que alguien emite tal tipo de reconocimiento, en una actitud encomiable y de gran responsabilidad.
La fiscalía deberá ahondar su pesquisa para ensamblar casos contra quienes cometieron delitos y contra los responsables civilmente por daños causados por la entrega de lácteos contaminados hasta que se encuentre toda la verdad, se someta a la justicia a todos los involucrados, ya para responder por delitos, o para resarcir a los escolares intoxicados y sus familiares por los daños causados.
En realidad, las prioridades andan al revés, pues primero debería terminarse la investigación y el sometimiento a la justicia a sospechosos, para luego ejecutar la redistribución participativa entre los diversos sectores de la industria. Es que no tiene mucho sentido que se haya acusado de sabotaje a supuestos líderes sectoriales para llamarlos a compartir el pastel de la discordia.
Estamos, ahora, premiando a autores de una actividad criminal contra menores de edad realizada para chantajear al ministro de Educación y someterlo así a la obediencia, personas que perfectamente pueden ser sometidas a la justicia luego de ser premiadas por el nuevo mecanismo.
Marcos Taveras es consultor empresarial
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