Cada vez con mayor frecuencia los medios de comunicación nos traen la noticia de que alguna turbamulta ha tomado la ley en sus manos para castigar, usualmente con penas desproporcionadas, alguien que ha sido sorprendido en flagrante delito o de quien se tiene sospecha de haberlo cometido.

No es acción nueva, pues como nos cuenta Lope de Vega, el pueblo de Fuente Ovejuna hizo justicia por sí mismo frente a la tiranía escondiendo la responsabilidad personal bajo la declaración de que la localidad había cometido el crimen, aunque en este caso la motivación es política.

Preguntaría si la venganza de las multitudes tiene ciertamente origen en el crimen castigado o en la percepción de desprotección policial.

La gente que vive en barrios de las grandes ciudades dominicanas cree que la Policía nada hace para protegerlos, que se hace de la vista gorda frente al delito y que en vez de cumplir con su misión de prevenir el crimen más bien se ha hecho cómplice de las fechorías de individuos o grupos delincuenciales.

A todo eso hay que poner fin. La Policía Nacional tiene que ser efectiva en su labor de prevención, para lo cual el Estado tiene que dotarla de recursos humanos y materiales eficaces para el cumplimiento del deber.

La última noticia sobre la asunción del rol de castigador por mano propia la trae el amigo Tony Pina sobre la alarma en Azua por muertos envenenados con agroquímicos.

Nos cuenta que una hipótesis que se comenta haría culpables a agricultores que envenenan frutos para causar muertes a ladrones, aunque no necesariamente debe haber sucedido así.

Podría ser obra de un asesino en serie, de esos desquiciados psicóticos sociales que sienten placer de sus malévolas acciones.

A pesar de que hace año y medio se iniciaron las incidencias, la Policía nada ha hecho para descubrir la autoría de tales crímenes.

Los casos señalan deficiencias que deben ser suplidas.

Primero, la percepción de inseguridad ciudadana.

Segundo, la función de prevención del crimen por parte de las fuerzas del orden.

Tercero, la investigación de las actividades criminales.

Cuarto, la educación cívica, ética y moral de la ciudadanía.
Marcos Taveras  es consultor empresarial
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