He tenido oportunidad de conversar con amigos, conocidos y desconocidos durante este mes sobre un tema viejo que no habría aflorado de no haberse descubierto ocasiones de engaño en la entrega del gas licuado de petróleo, combustible principal de la cocina dominicana, con faltantes descomunales y montos exorbitantes.

Un taxista de quien recibí servicio a través de su base, me dijo que hacía poco se dedicaba a ese menester porque había perdido su empleo y eso lo hizo darse cuenta que en la bomba lo estafaban, pues su vehículo debía darle al menos 40 kilómetros por galón y ahora notaba que el rendimiento era de apenas 25.

Conversó con uno de los funcionarios de la estación de servicio y recibió unos tiquetes gratis como “premio.”  Observó que eso no se podía quedar así pues tenía muchos años de pagar más que su consumo real.

Relaté que hacía años vivía cerca de Boca Chica y acostumbraba a proveerme de combustible en el cruce del aeropuerto por quedar cerca de mi hogar, que me percaté del engaño cuando se me pidió pagar una cuenta mayor que la capacidad del tanque de mi vehículo y que había arreglado el asunto, con aprobación del dueño, pagando el equivalente a la capacidad del tanque.

Esta semana, una amiga me ha contado su caso.  No había prestado atención al rendimiento de su vehículo hasta que pidió cuatro galones en la estación que siempre la ha servido, que debieron permitirle transitar unos 160 kilómetros.  Anduvo 40 cuando vió que su auto le indicaba que quedaba poca gasolina.

Se comunicó con la oficina de gobierno que examina el tema, que la aconsejó no poner querella hasta que las autoridades de la bomba aceptaran sus argumentos.  Fueron aceptados, se le dió crédito por el faltante y se le rogó mantenerse como clienta de la empresa, lo cual rechazó.

Hay dos elementos que saltan de estos relatos.  Primero, que las personas que tienen que ver con el asunto conocen la existencia de una práctica deshonesta generalizada en torno a la entrega del volumen de combustibles que se compra: se entrega ex profeso una cantidad menor que la que se paga, exhibiéndose moralidad quebradiza, acomodaticia y oportunista.

Segundo, que las personas con autoridad para iniciar el encauzamiento judicial de los delincuentes, parecen preferir que las víctimas lleguen a acuerdos con ladrones, en vez de cumplir con sus deberes, sin usar procedimientos que los obligan a iniciar acciones judiciales contra gente que juegan roles de proveedores  cuando  en  realidad son simples estafadores.

Harían bien las autoridades de revisar sus conductas y remediarlas en vez de hacerse de la vista gorda.
Marcos Taveras es consultor empresarial
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