La historia contra los inmigrantes indocumentados se inicia con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo rubricado entre el gobierno mexicano de Santa Anna y el intervencionista de los Estados Unidos de América, el 2 de febrero de 1848, mediante el cual, en aceptación de derrota militar, México pierde más de la mitad de su territorio, unos 2,378,539 km2, a cambio de la paz, 15 millones de dólares y el reconocimiento de derechos civiles, de propiedad y ciudadanía a quienes permanecieran en territorio de USA.

El Senado norteamericano, al ratificar el Tratado, eliminó el respeto a las concesiones de tierra otorgadas por España y México a los habitantes y tampoco otorgó derechos automáticos de ciudadanía, a unos 100 mil habitantes que no tuvieron alternativa excepto seguir siendo mexicanos. Se convirtieron así, en los primeros inmigrantes indocumentados reales, por definición, de los Estados Unidos de Norteamérica.

Hoy, 112 años más tarde, cuando todavía queda pendiente el reconocimiento de ciudadanía y residencia de descendientes de los habitantes originales de Arizona, su Congreso pasa una ley que criminaliza la permanencia de los indocumentados en el Estado y obliga a la policía a exigir prueba de estatus a cualquier persona, con base en sospechas fundadas en perfiles obviamente etnográficos. Ese ha sido un evento que corre contrario al desarrollo de los derechos contra la discriminación étnica, una corriente que ha sido tortuosa y larga, pero que ha producido una nación con una sociedad mucho más justa con el paso del tiempo.

Por eso, la reacción en contra de esta ley ha sido universal, y en la misma Arizona, enfrenta al senador John McCain y a su propia hija Meghan. En su blog Meghan expresa: “déjeme decir desde el inicio, que no apoyo la ley firmada por el gobernador Jan Brewer.  Yo creo que le da a la policía estatal una licencia para discriminar, y que también, de muchas formas, viola los derechos civiles de los residentes de Arizona,” mientras su padre, senador federal, argumenta que “se puede implantar la ley sin que se acuda a perfiles raciales”. El presidente Obama, por su parte, comentó que la ley "… convierte en sospechosas a muchas personas que tienen raíces en Arizona desde antes incluso de que Arizona fuera un Estado", mientras el fiscal general, Eric Holder, “…no ha descartado la posibilidad de acudir a los tribunales para desafiar la constitucionalidad de la controvertida iniciativa.” (El País digital, 28/4/10).

Líderes de diversos sectores nacionales e internacionales, de partidos y organizaciones civiles, diplomáticos y dirigentes, han manifestado su sorpresa y desacuerdo con tan infausto acontecimiento, inclusive protestas y manifestaciones de trabajadores e inmigrantes, que van a recibir el día internacional del trabajo, por primera vez quizás, como una celebración que honra a los mártires de Chicago del 1 de mayo de 1886. Es obligación de todos procurar que las consideraciones de igualdad y de derechos humanos sigan su curso histórico de progreso.
Marcos R. Taveras es consultor empresarial