Desde la interventora Organización de las Naciones Unidas hasta la más remota nación del planeta Tierra, todas han sido conmovidas por imágenes de desolación, sufrimientos y miseria que ha mostrado el periodismo internacional al cubrir el natural o provocado terremoto de Puerto Príncipe, que sorprendió a una nación impreparada para enfrentar desastre alguno, mucho menos uno de la magnitud de éste.

Sin planes de contingencia que definieran los roles institucionales, sin un efectivo cuerpo de orden público, con un gobierno sin credibilidad y un supragobierno inefectivo, era de esperarse que nada sucediera en pos de integrar esfuerzos y recursos en favor de los damnificados.

Ninguna organización, ni doméstica ni externa; ningún líder, ni nacional ni extranjero, tomó la iniciativa para que la ayuda que arribaba a Haití fuera recibida por los beneficiarios, convirtiéndose líderes e instituciones en estupefactos y paralizados observadores, hasta cuando los norteamericanos asumieron por su cuenta la ejecución de tareas de logística y de reparación para poner orden dentro del caos.
Para todos, Haití es hermano pobre y desvalido al que hay que ayudar. 

Tal  solidaridad es buen sentimiento aunque sea de origen hipócrita o fruto de sentimientos de culpa.  Haití prestó importantes ayudas en el pasado a México, Venezuela, Colombia, Argentina y otros, con el propósito único de extender la abolición de la esclavitud.

Sin embargo, triunfantes y gobernando, los movimientos de independencia americanos, y otras naciones, ni siquiera extendieron a Haití reconocimiento diplomático, mientras Francia la obligaba a pagar un extravagante monto en reparaciones y USA, el socio comercial más importante, tardó más de 60 años en dar su reconocimiento.

Desde que Jacques Cousteau describió a Haití como nación inviable, hace algunos años, en vez de ayuda que hiciera tornar el país a condición de Estado factible, solo ha recibido éste intervenciones políticas y militares, que  lo han llevado a la consideración de extrema pobreza y a la calificación de Estado fallido que hoy exhibe.

Desde el punto de vista tecnológico, el desarrollo es siempre factible.  Pero en el caso de Haití, la factibilidad tiene la ONU que diseñarla, ejecutarla y financiarla, primero con logros políticos que entreguen un gobierno con credibilidad ciudadana que controle su territorio y sus fuerzas públicas y, segundo, concomitantemente, implantando un esquema para atraer inversionistas y empresarios capaces de transformar los recursos haitianos en ventajas económicas.

No sirve ni a los haitianos ni a sus mecenas devolver a Haití al estatus de inviabilidad anterior al terremoto.  Hacer solo eso es una simple condena de muerte.
Marcos R. Taveras es consultor empresarial
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