Entendemos la democracia como igualdad en derechos, accesos, oportunidades y trato, como beneficiarios de una organización social que otorga a cada miembro la misma consideración.

Así, cada sufragio depositado, no importa la alcurnia o el poder del votante, vale igual, organización que da al ciudadano el derecho a pretender ser presidente u ocupar otra posición electiva, y otorga las mismas garantías de proceso judicial.

Nuestra Constitución entrega así derechos fundamentales iguales.

Los administradores de los poderes del Estado aprovechan cada ocasión para ratificar las bondades de nuestra democracia, que en verdad no es sino una falsificación cuya característica más ostensible es la desigualdad: de oportunidades, de accesos y de trato.

La única ocasión de igualdad la tenemos cuando ejercemos el derecho a elegir autoridades, aunque al día siguiente retornemos a la desigualdad.

Ni siquiera somos iguales en el trato frente a la ley.  El Poder Judicial, que debería ser garante de trato igualitario, es el primero en violar ese derecho ciudadano, desde el inicio del proceso judicial hasta la sentencia final.

Si llegasen frente a un juez el mismo día dos personas, una de origen humilde, desempleado y con familia que sustentar y el otro poderosamente rico con la influencia que da el dinero, el primero acusado de robar alimentos en una tienda y el segundo de robar a sus socios miles de millones de pesos, ambos acusados por una modalidad de hurto, lo más probable es que el primero sea encarcelado sin derecho a fianza y el segundo quede en libertad bajo fianza.

El proceso judicial es corto para el primero.  Su defensor, abogado de oficio, posiblemente le aconseje admitir la falta para conseguir una sentencia leve.

Tampoco habrá apelación aunque se declare inocente frente al juez, porque carece de los fondos para continuarlo.  Así dará con sus huesos en una cárcel con una población de internos superior a su capacidad, con derecho a recibir visitas una vez por semana durante dos horas.

Para el otro, sea dominicano, extranjero, narcotraficante, banquero, militar, civil, prevaricador, ciudadano común, o pariente de juez de la SCJ, el proceso judicial se inicia con la búsqueda de excusa para no encarcelar preventivamente al acusado o para desmeritar la acusación y dejarlo libre.

Si llegare a sentencia definitiva, su prisión le dará acceso a comodidades de hotel de lujo.

Podrá consumir lo que guste, tener comunicación por computador y celular con quien quiera, hacer fiestas y reuniones, conseguir que lo saquen  a pasear, a visitar amistades, socios y familiares, y comprará conciencias, sexo y paseos.

Se asegurará el juez de que aunque toda su riqueza sea mal habida, le quede suficiente para cuando retorne a la sociedad continúe siendo opulento.
Marcos R. Taveras  es consultor privado