Desde hace más de doce años se critica la decisión de privatizar la CDE, un monopolio estatal que no hacía las inversiones necesarias para renovar su maquinaria de producción, por requerir de grandes subsidios del Estado, porque su programa de electrificación nacional entregaba a barrios y comunidades un servicio que no cobraban y por ser un monopolio.
Absurdamente se sustituyó un monopolio por tres monopolios a los cuales no les importa cobrar el servicio que entregan, porque de todas formas el Estado paga.
Obviamente, el peor de los problemas reside en la desidia de no cobrar, especialmente cuando se habla de que la mitad de la electricidad que compran las Empresas Distribuidoras Eléctricas Estatales, a los productores va a parar a manos ladronas.
Los datos que filtran las agencias gubernamentales de control energético siempre han sido en el sentido de que la más importante porción del robo eléctrico es realizado por el sector empresarial, sin contar el dinero con que se quedan algunos generadores por mantenerse apagados, en contratos que debieron renegociarse con terminación hace tiempo.
Es difícil no preguntarse cómo es posible que habiendo un número relativamente pequeño de empresas, y siendo la tecnología de identificación de tramposos y de la cuantía de sus robos relativamente sencilla, los organismos de control, llámense como se llamen, no hayan logrado obligar a los ladrones a dejar de serlo, con la simple amenaza de someterlos a la justicia, o empezar a publicar quiénes son.
La persona responsable del órgano responsable, también como se llamen, debería dar un simple ultimátum, después de plantear la exigencia de pagar lo que ya consumieron, así como de efectuar una conexión transparente, a una fecha temprana especificada, y al cumplimiento de tal fecha no hayan pagado ni efectuado la conexión transparente.
El simple ultimátum es de tiempo para iniciar la publicación del nombre de la empresa, una cada día, si no se conviene y se hace efectiva una forma de pago y una reconexión limpia.
Además, todo el dinero cobrado debe destinarse a sanear las finanzas del sector eléctrico y para reembolsar a los consumidores que forzosamente hemos asumido el pago del consumo de electricidad ajeno, para que sigan esos ladrones operando sus rentables negocios, de todo lo pagado de más, y recalcular costos para implantar tarifas justas y concordantes con la letra de la ley y con la intención de los legisladores.
Eso debe bajar la tarifa eléctrica y entregar competitividad a los negocios limpios. Pero hay que ponerse los pantalones.
Marcos R. Taveras es consultor privado
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