Gregorio Mora, el famoso Canoa, presidente de la Junta Distrital de Cabarete tiene un buen amarre en la Fiscalía de Puerto Plata, donde los responsables del Ministerio Público dicen no tener tiempo o tener demasiado trabajo para atender la querella penal presentada contra Mora por negarse a entregar la información contable de la Junta Distrital.

Este interesante caso se inició en enero pasado fecha en que la Asociación Para el Desarrollo de Cabarete (Adeca) depositó una solicitud de acceso a la información pública dirigida a los departamentos de Tesorería,  Archivo y al director de la Junta Distrital para solicitar toda la información contable, presupuestos y contratos del período 2004-2010. 

Como Canoa se negó a entregar esta información  Adeca interpuso un recurso en marzo, ante la Primera Sala de la Cámara Civil de Puerto Plata. El 24 de ese mes se celebró la audiencia, y el 6 de abril la corte dictó sentencia en la que ordena a la Junta, en un plazo de 5 días, entregar toda la información solicitada e impone una multa de dos mil pesos por cada día de retraso. Esta decisión aún sigue sin cumplirse.

El artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece: “El incumplimiento de los plazos establecidos en el artículo anterior, asimismo, cualquier conducta que violente, limite, impida, restrinja u obstaculice el derecho de acceso a la información de acuerdo a lo que establece la presente ley, constituirá para el funcionario una falta grave en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionatorio que corresponda”.

Y para no dejar duda sobre la importancia de esta ley, en el artículo 30 el legislador estableció: “El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria denegare, obstruya o impida el acceso del solicitante a la información requerida, será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años de prisión, así como con inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por cinco años”.

Ante la reiterada negativa de Canoa, primero a cumplir con la ley con la entrega de información, y segundo a acatar la decisión de la corte, Adeca decidió constituirse en actor civil y designar al señor Michel Gay Crossier para actuar en su nombre para presentar una querella penal, lo que hizo el 16 de mayo pasado. Pero no ha pasado nada porque la fiscalía de Puerto Plata posiblemente entiende que esto no tiene importancia a pesar del historial del señor Canoa en su penoso papel de funcionario municipal. Pero no todos hemos olvidado las amarguras de Cabarete y los dolores de Puerto Plata con sus pútridos funcionarios.
El autor es periodista