Para ser simpático y “caerle” bien a la mayoría, lo recomendable es seguir la corriente. Hacer como Vicente, que suele ir adonde va la gente. 

Esto generalmente exige abandonar toda actitud crítica y dejar de tener ideas, reflexiones y pensamiento propio. Es decir, renunciar a ser tu mismo.

En estos días, la moda social es protestar por los aumentos de las tarifas en los colegios privados por ocuparse de la educación de nuestros hijos, y por el incremento de los precios en las clínicas privadas.

Lo simpático es pedir la cabeza de los propietarios de escuelas y de los centros de salud privados.

Se les ataca sin piedad y se les acusa de convertir en mercancía servicios públicos esenciales  a los que el "pueblo” tiene derecho.
Se considera que la comercialización de los servicios de salud y de la educación es un pecado social imperdonable. 

Se alega que entre los derechos económicos y sociales que garantiza la Constitución están los derechos a la salud (artículo 61) y a la educación (artículo 63).

Dice la Carta Magna que el “Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas” y en consecuencia se le reclama que impida el aumento de las tarifas de los centros médicos privados.

Igualmente, se alega que la Constitución establece que toda persona “tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”.

Esto está muy bien, pero la otra cara de la moneda es que el Estado no puede obligar a nadie a ofrecer educación y salud gratuita ni a subsidiar la educación y los servicios de salud.

La inflación general –según el Banco Central- en los últimos dos años fue de 5.7 y 6.2 y de 4.7 en lo que va de año. La tarifa de la energía aumentó un 19% en los últimos meses; aumentó el salario mínimo; el combustible aumenta todas las semanas y el último aumento de las medicinas supera el 20%.

¿Quién cubrirá estos aumentos a colegios y clínicas? Quien está obligado a ofrecer al “pueblo” educación y servicios de salud gratuitos y de calidad es el Estado.

La sociedad debe exigirle que cumpla con sus obligaciones y no reclamar que se obligue a la escuela y a las clínicas privadas a ofrecer servicios a precios bajos sin importar el costo. Debemos protestar para que los ministerios de Salud y Educación oferten buenos servicios para que nadie tenga que pagar lo que cobra el sector privado.
Manuel Quiterio es periodista